21.04.20 // Poder Judicial y Democracia (novedades), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (novedades)

ACIJ MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN A LAS PRESENTACIONES JUDICIALES DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

El Poder Judicial debe implementar en el corto plazo las medidas tendientes a evitar que los efectos de la pandemia produzcan una situación crítica en las cárceles argentinas. Sin embargo, y a diferencia de lo actuado por la Secretaría de Derechos Humanos, este desafío debe llevarse adelante a través de políticas públicas generales, que reviertan y no refuercen privilegios, y que no puedan asociarse con la búsqueda de impunidad de ningún sector de poder.

En la Argentina el 60% de las personas privadas de su libertad en cárceles federales se encuentran detenidas sin tener condena firme. En múltiples ocasiones, desde las organizaciones de derechos humanos se ha solicitado una aplicación excepcional y estricta del instituto de la prisión preventiva, sobre todo porque su uso excesivo afecta de forma diferencial a los sectores más pobres. En este sentido, resulta necesario un debate serio respecto a los alcances de la prisión preventiva y la forma desigual en la que se aplica, de forma tal que se garantice su uso con carácter excepcional y bajo criterios constitucionalmente válidos.

Sin embargo, la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de presentarse en un pequeño grupo de causas judiciales particulares -incluyendo algunas en las que se investigan a ex funcionarios públicos- a peticionar el levantamiento de medidas de prisión o la aplicación de prisiones domiciliarias, refuerza el carácter selectivo de nuestro sistema penal y es incompatible con una respuesta del Estado que pretenda abordar de forma estructural un problema que afecta a nuestro sistema de justicia desde hace décadas.

A su vez, y sin perjuicio de que la presentación se ha realizado en calidad de amicus curiae, ésta resulta en una injerencia indebida en el accionar independiente del Poder Judicial, tratándose de causas de un alto impacto social y político en las que se investigan delitos contra la administración pública, y en las que el Estado cuenta con la posibilidad de intervenir a través de otros organismos especializados.

La persecución penal de delitos complejos y de poder resulta un gran desafío en nuestro país, que supone revertir deficiencias estructurales. En función de ello, el poder político tiene el enorme desafío de transmitirle a la ciudadanía que es capaz de abocarse a resolver esos problemas de un modo justo, razonable y equitativo.

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