Preocupación por los primeros casos de COVID-19 de niños y adolescentes en el Hospital Psiquiátrico Infanto-Juvenil Tobar García de la CABA

En un contexto de reclamos por la falta de elementos de higiene y otros insumos para evitar los contagios, reafirmamos la necesidad de que se implementen medidas específicas que garanticen la salud y seguridad de las niñas y los niños institucionalizados por motivos de salud mental.

La pandemia del virus COVID-19 muestra nuevamente las grandes deficiencias del sistema de atención en salud mental de la Ciudad de Buenos Aires y el lugar marginal que las personas internadas en los hospitales psiquiátricos ocupan como destinatarias de las políticas públicas, lo que trajo como consecuencia graves vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en el Hospital Tobar García. A pesar del deber del Estado de garantizarles una especial protección, la infancia usuaria de estos servicios sufre especialmente la invisibilización y desatención que se profundiza y agrava en la emergencia sanitaria.

El 6 de abril el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN) instó a las autoridades a garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando la atención domiciliaria y elaborando estrategias específicas para prevenir el contagio del COVID-19, que aseguren elementos de cuidado y aseo personal, información clara y precisa sobre las acciones de prevención, alimentación saludable, actividades lúdicas y recreativas, y la comunicación con familiares, referentes y funcionarios/as que actúan en su defensa. El 14 de mayo, la justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad -en el marco de una medida cautelar dictada en la causa “Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra GCBA sobre Amparo – Salud-otros”- la provisión urgente de equipos de protección personal e insumos de cuidado y prevención del contagio del COVID-19 a las personas internadas en los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar García. Asimismo, lo instó a garantizar elementos de higiene y seguridad para los servicios, pabellones y consultorios externos de estas instituciones.

A pesar de las advertencias sobre la necesidad de implementar medidas adecuadas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes internados en el Tobar García, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha implementado políticas específicas y pertinentes para garantizar su salud. Los casos positivos de coronavirus en esta institución se producen luego de que diferentes organizaciones, personas usuarias y trabajadoras de los hospitales psiquiátricos denunciaran la ausencia de medidas sanitarias eficientes para prevenir su ingreso y propagación al interior de estos centros.

Ante la confirmación de los primeros casos de COVID-19, desde el colectivo Infancia en Deuda -del que ACIJ forma parte- reafirmamos la necesidad de que se implementen protocolos de actuación específicos, que contemplen las particularidades de la niñez y la adolescencia en todas las instituciones de salud mental dependientes del Gobierno de la Ciudad y conveniadas con él. En particular, es urgente determinar espacios de aislamiento para reducir el riesgo de contagio, brindar información adecuada y accesible para los niños, niñas y adolescentes a fin de que puedan entender sobre la enfermedad, sus riesgos y las medidas de prevención. A su vez, en los centros donde se registren contagios es imprescindible realizar testeos a todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran internadas/os allí y al personal que trabaja en ellos. Es necesario además reducir la circulación de personas, pero sin omitir dar intervención a las familias, a las y los referentes afectivos o apoyos de cada niña o niño y a quienes que ejercen su patrocinio legal en virtud del artículo 22 de la Ley Nacional de Salud Mental. Ninguna de estas acciones puede implicar un recrudecimiento de las condiciones de internación ni una interrupción de los tratamientos o de las posibilidades de comunicación con el exterior.

Por último, cabe resaltar que para prevenir y controlar la pandemia y garantizar el cuidado de esta población, el Gobierno de la Ciudad debe impulsar procesos de externación, asegurando su sustentabilidad. Avanzar en estrategias de desinstitucionalización es una recomendación unánime de los organismos universales, regionales y nacionales de salud y de derechos humanos, toda vez que permite reducir la población internada y así disminuir la exposición al virus COVID-19.