Más de 1500 son las familias que se encuentran en riesgo ambiental y social, por vivir cerca del Polo Petroquímico de Dock Sud, en Avellaneda.
Las casas de madera y chapa (aunque algunas parecen de cartón por su fragilidad) se erigen sobre montañas de basura, algunas casi cayéndose dentro de ese líquido espeso, verde e inmóvil que llaman Riachuelo, conformando la villa Inflamable, en Dock Sud, Avellaneda, una de las zonas más amenazadas del Gran Buenos Aires.
A lo lejos, las inmensas chimeneas de las 42 empresas y fábricas que integran el Polo Petroquímico siguen siendo las amas y señoras de la postal, y las responsables de los tóxicos niveles de contaminación del aire, la tierra y el agua, en este territorio en el que habitan 1600 familias, en constantes riesgos para su salud y su bienestar general. Los problemas respiratorios, dérmicos y de contaminación en sangre son generalizados.
En la villa no hay una adecuada recolección de residuos y la acumulación de basura a cielo abierto ha generado microbasurales que se localizan en diversas partes del barrio, incluyendo dos lagunas. A su vez, la falta de pavimentación y de calles transitables trae como consecuencia no sólo inundaciones y problemas para el tránsito en general, sino que en algunos sectores impide el ingreso de las ambulancias. No hay conexiones eléctricas adecuadas ni redes de agua seguras, lo que genera nuevamente riesgos a la salud. Tampoco hay un sistema de cloacas. Las familias están rodeadas de areneras e industrias que continúan desarrollando sus actividades, con el consecuente perjuicio que eso les trae a los vecinos de villa Inflamable.
Florencia Galeano (17) persigue a sus hermanas Jasmín (4) y Lucila (5), que caminan descalzas por el barro y los charcos que rodean su casa. Allí, en las orillas del Riachuelo sobreviven junto a su grupo familiar de 15 personas en construcciones precarias, y sumamente inestables. Galeano, que acaba de tener una beba hace unos meses, dejó en primer año la secundaria, y hoy está haciendo los trámites para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Nos queremos ir cuanto antes. A los nenes les salen granos por la tierra. Cuando se inunda el pantano, se llena de agua fea la casa y nos afecta la piel. Cuando sale humo de las antorchas de las fábricas sentimos un olor feo a azufre. La mayoría de la gente se quiere ir, pero a nosotros no nos vino a ver nadie para hablar del tema”, dice Galeano.
Según un reciente estudio realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en la villa -entidad que trabaja codo a codo con las familias de la zona para mejorar su calidad de vida y aceitar el proceso de relocalización-, el 14,1% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, y el 49% de los hogares tiene al menos un miembro de la familia con problemas de salud potencial o comprobadamente asociados a condiciones ambientales. De ese universo, el 81% cree que esos problemas están vinculados a la contaminación.
“Las nubes tóxicas de las fábricas las vemos todo el tiempo. En la respiración nomás ya te das cuenta. Continuamente tengo dolor de garganta. Hay muchas familias con problemas respiratorios, de motricidad, con alergias en la piel, granos, bebes con broncoespasmos y neumonía. También demasiados casos de gente que se muere de cáncer o leucemia. El proceso de reconversión de algunas empresas se está dando de a poco, pero generalmente seguimos sintiendo olores fuertes. Cuando dejás la ropa colgada a la noche, al otro día le encontrás manchitas negras como de hollín. Todo eso respiramos nosotros. Y nos acostumbramos a convivir con una especie de neblina permanente que es producto de la contaminación. Son las empresas las que se tendrían que ir de acá y no nosotros. Porque ellas van a seguir contaminando”, dice Claudia Espínola, integrante de la Junta Vecinal Sembrando Juntos, mientras realiza un recorrido en el que muestra cuáles son las principales amenazas cotidianas: falta de agua potable, cloacas desbordadas, contaminación de todo tipo, enfermedades, y viviendas y servicios precarios.
Para paliar que estas familias tomen agua con altos niveles de plomo y nitratos, la Acumar y el municipio reparten dos litros de agua mineral por día por persona en el barrio. “Con eso no podés cocinar ni tomar mate”, dice Espínola, quien junto a su marido son los encargados de repartir 12.000 bidones de agua por mes en el barrio. Y agrega: “Las cloacas que tenemos son pantanos a cielo abierto al fondo de nuestras casas. Cada familia hizo sus caños de cloacas para que desemboquen ahí. Cuando hay fuertes lluvias se desbordan e invaden todas las viviendas. Necesitamos que hagan algo para purificar el agua de los pantanos y tener agua potable. La gente sigue rellenando los pantanos para instalarse encima, generando más desperdicios de cloacas”.
Uno de los principales problemas que enfrentan es que el plomo se sigue filtrando en el agua y la tierra con la que están en permanente contacto los niños, que son los más afectados por las altas concentraciones en sangre. En el grupo familiar de Nora Pavón -compuesto por 15 personas- son 3 los niños que han tenido que ser internados por tener niveles de plomo de 55 µg/dl (cuando la OMS dice que hasta 5 µg/dl es considerado seguro). Si el grado de exposición es elevado ataca al cerebro y al sistema nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
“Los nenes se quejan y lloran porque les duelen los huesos, algunos están perdiendo el pelo. Mi nieta Fiorella, de 10 años, se despierta a la noche con la nariz sangrando y hay días que se tiene que volver de la escuela porque le duele la cabeza. Acá el agua no sirve ni para bañarse”, dice Pavón, a la cual le ofrecieron relocalizarse en una casa con sólo 4 habitaciones, en la que deberían repartirse 15 personas. Su respuesta fue negativa.
“Los problemas de salud que tienen los chicos ligados a la concentración de plomo en sangre no se pueden solucionar solos. Tienen que tener una dieta especial, pero las familias no pueden acceder a ese tipo de alimentos por un tema de costos. Además, la única solución es que no estén más expuestos a esta sustancia y para eso deberían relocalizarlos”, sostiene Laura Tarbuch, coordinadora del programa Derechos y Construcción Comunitaria en villas de ACIJ.
Son muchos los vecinos que se quejan por falta de información en el proceso de relocalización y reclaman poder tener más participación e injerencia en la toma de decisiones, y la discusión sobre los lugares en los que se instalarán las nuevas viviendas. “Nos quieren relocalizar en Isla Maciel y villa Tranquila en Barracas, frente al Riachuelo. Pero además de ser zonas en las que se matan entre pandillas, son muy inseguras. Acá el barrio es muy tranquilo y nos conocemos entre todos”, explica Espínola. En este sentido, Tarbuch agrega: “Hace 40 años que les están diciendo que los van a sacar y es una situación desgastante. Hay gente que participa y otra que no, pero todos quieren una solución. Hasta ahora sólo se relocalizaron a 5 de 1500 familias en riesgo y los plazos establecidos ya se vencieron”.