Tras 13 años de deuda, Argentina está más cerca de contar con la primera defensora de la niñez

La Comisión Bicameral responsable de implementar el concurso propuso al pleno del Congreso la designación de Marisa Graham al cargo de Defensora de niñas, niños y adolescentes, y a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.

Ha sido un proceso extenso y arduo, y aún falta un paso clave para lograr que la infancia tenga quien la defienda y controle que se garanticen sus derechos: las dos cámaras del Congreso deben aprobar la designación.

La selección de las candidaturas propuestas mediante un concurso de cuatro etapas que evaluó los conocimientos y antecedentes de las y los postulantes constituyó un avance en la transparencia y la reducción de las discrecionalidades. En particular, es destacable e inédito en nuestro país para cargos de este tipo, el proceso realizado para tomar examen a quienes se postularon, y su carácter eliminatorio. Si bien la falta de publicación de las calificaciones en cada una de las instancias de evaluación implicó un límite al control ciudadano del proceso de selección, esperamos que este precedente sea el primero en un nuevo camino que asegure designaciones basadas en el mérito, signadas por la transparencia y la participación ciudadana.

La ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes (26.061), sancionada en 2005, dispuso un sistema de protección de derechos con diferentes autoridades y funciones para asegurar su vigencia y garantía. En la cúspide de ese sistema está prevista la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un órgano federal de protección y control, con amplias facultades para intervenir ante violaciones a los derechos de la infancia y promover la vigencia de los derechos de la niñez; tanto ante denuncias puntuales, como ante la identificación de problemáticas estructurales.

La puesta en marcha de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es urgente ya que la infancia es la población expuesta a mayores niveles de vulnerabilidad, tanto por la pobreza que sufren más de la mitad de las niñas y niños por los ingresos de sus grupos familiares, como por los déficits en las políticas públicas que fallan al no lograr garantizarles el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad.

Estamos un poco más cerca de saldar una deuda histórica con la infancia. El Congreso debe intervenir en forma urgente para dar el paso que falta.