Solicitamos al Jefe de Gobierno de la Ciudad que garantice la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto

El 6 de septiembre, mediante una nota presentada al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con copia al presidente de la Legislatura y vicejefe del Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, solicitamos que el Poder Ejecutivo cumpla con el derecho constitucional de las/os ciudadanas/os de participar en la elaboración del presupuesto local.

La Constitución de la Ciudad, sancionada en 1996, estableció en su artículo 52 el carácter participativo del presupuesto. Dos años después, la Ley 70 de “Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad”, reconoció la obligación de garantizar la participación ciudadana en la elaboración. Sin embargo, al día de hoy, el GCBA nunca implementó los mecanismos para permitir la participación de las/os vecinas/os  y asegurar un debate amplio sobre la utilización de los recursos públicos. 

La Justicia porteña, en septiembre de 2018, reconoció en la causa “García Elorrio Javier Maria contra GCBA y otros s/Amparo (art. 14 CCABA)”, de la que ACIJ fue co-actora, que el GCBA está obligado por la legislación vigente a respetar el carácter participativo del presupuesto y que dicha participación contribuye al fortalecimiento de la democracia, el control de los recursos públicos y el aumento de la confianza de la población en los actos de Gobierno. A su vez, determinó que el incumplimiento de las previsiones contenidas en la constitución local y en la ley afectan el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el orden de prioridades del gasto. 

En el mes de diciembre, la Legislatura aprobó la ley 6.114 de “Transparencia Presupuestaria”, en la que se establece que “La Autoridad de aplicación arbitrará los medios para incorporar la participación por parte de la ciudadanía al proceso de planificación y evaluación del Presupuesto (…)”. Si bien esta ley -que aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo- entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2020, la ley 70, en línea con lo previsto constitucionalmente, ya prevé la obligación de implementar mecanismos de participación en la formulación del presupuesto.

En función de ello, y dado que el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de ley de presupuesto a la Legislatura antes del 30 de septiembre de cada año, resulta imprescindible que el Gobierno de la Ciudad revierta la situación de incumplimiento constitucional actual, e involucre a su ciudadanía en la definición de sus prioridades presupuestarias.

Accedé a la nota presentada al jefe de Gobierno.