15.05.20 // Discapacidad y DDHH (novedades)

Solicitamos al Estado información sobre la situación de las personas con discapacidad y las medidas adoptadas para garantizar sus derechos en el contexto de pandemia

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, realizamos una serie de pedidos de acceso a la información pública ante diversos organismos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de conocer las medidas concretas que se han adoptado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en particular de su derecho a la educación inclusiva, a la salud y a vivir de forma independiente.

Por un lado, le solicitamos al Ministerio de Educación de la Nación y de CABA que nos informen sobre las acciones implementadas para asegurar la continuidad de la educación a distancia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en escuelas comunes públicas y privadas. Preguntamos, en particular, sobre la accesibilidad de las plataformas y materiales digitales utilizados para impartir clases virtuales, sobre las medidas adoptadas para garantizar la educación de las alumnas y alumnos que no tienen acceso a internet y a dispositivos electrónicos y sobre la continuidad en la provisión de personal de apoyo para los y las estudiantes que lo requieran. 

Por el otro, nos dirigimos a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y a la Dirección General de Salud Mental de CABA para que nos comuniquen las gestiones impulsadas en los hospitales monovalentes y dispositivos residenciales de salud mental para evitar el ingreso y la propagación del COVID-19, y para garantizar la higiene, el suministro de elementos de protección personal y el distanciamiento físico de las personas que residen  y trabajan  en estas instituciones. Asimismo, preguntamos sobre los medios utilizados para mantener las comunicaciones de las personas internadas con sus familiares, apoyos y representantes legales, sobre el acceso de estas personas a información adecuada, accesible y completa para la prevención y cuidado, sobre las acciones para asegurar la disminución de internaciones por motivos de salud mental y promover la desinstitucionalización, y sobre los controles realizados y las denuncias recibidas.

La obtención de información sobre los puntos mencionados resulta fundamental para impulsar estrategias de incidencia que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, evitando el agravamiento de su situación de vulnerabilidad.

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