San Justo, Moreno y General Rodríguez: zonas calientes para el narco con un “polo judicial fantasma”

Por Lucía Salinas

Aunque por ley se crearon juzgados, cámaras y tribunales orales, varios quedaron en los papeles y otros están vacantes.

En el distrito judicial de Moreno–General Rodríguez faltan cubrir varias vacantes que generan permanentes retrasos en el avance de las investigaciones vinculadas a los delitos que más apremian a los vecinos.

“Ésto genera inconvenientes funcionales, pues los Tribunales Criminales y la Cámara Penal que intervienen son las del Departamento Judicial Mercedes”, explicaron fuentes judiciales de la provincia de Buenos Aires.

En esta jurisdicción casi “fantasma“, además, nunca se habilitó la competencia penal, “cuando gran parte de los delitos a combatir son penales”, indicaron fuentes judiciales.

Secuestro de dinero, armas y una balanza en un operativo en Moreno.

La ley contempló allí juzgados contencioso administrativos, civiles y comerciales, pero no penales. Nunca se habilitaron los juzgados y fiscalías correspondientes.

“Lo que más preocupa en esa zona son delitos como la droga y los secuestros”, reconocieron fuentes vinculadas a la Procuración General al analizar la situación.

Las estadísticas oficiales de la Procuración General bonaerense exponen que durante 2020 (las cifras de 2021 se encuentran en elaboración), se iniciaron 68.628 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) vinculadas a estupefacientes. En el desagregado, se determinó que el 60,84% corresponde a la comercialización, el 24,61% a tenencia para consumo.

Lo alarmante es que el 59,29% de las IPP iniciadas cuenta con “autor ignorado”, no se tiene ni un sólo rastro de los responsables en el cotejo con los datos del sistema, y el 38,42% tiene algún autor “sindicado”, que es cuando “se registra al menos un sujeto mencionado como posible autor del hecho”.

De ese universo de IPP iniciadas en suelo bonaerense, hay que tener en cuenta que de 53.184 fueron concluidas con un juicio abreviado sólo 36 casos, 2.199 fueron elevadas a juicio pero en su gran mayoría los debates orales no se iniciaron, unos 63 fueron con suspensión de juicio a prueba.

Son sólo algunos de los números que expone otra cifra: quedan abiertas sin ningún tipo de definición 15.444 causas por estupefacientes.

Se estimó que durante ese año, se secuestraron 1.746 kilos de droga, el 91% era marihuana y el porcentaje restante (9%) correspondía a cocaína.

Los cargos vacantes como aquellos que ni siquiera fueron habilitados son parte de este gran rompecabezas.

“Cuando los tribunales que deben realizar los juicios tienen cargos vacantes, ocurre que los procesos judiciales se dilatan y te encontrás con presos que tienen los plazos vencidos”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. Justamente en San Martín y La Plata hay diez cargos de jueces de Tribunales Orales aún sin cubrir, y TOF enteros sin habilitar siquiera.

Al analizar el incompleto polo judicial de Moreno, el documento oficial sostiene que se iniciaron 2.535 IPP en 2020. El número es mirado con preocupación, porque va en aumento con los años y los recursos judiciales continúan siendo deficientes.

Vista aérea del barrio “Puerta 8”, donde se vendió la cocaína adulterada. Foto AP/Rodrigo Abd.

No son los únicos delitos que preocupan y que se encuentran con la carencia de recursos en los juzgados para ser investigados. Durante 2020 en la zona Moreno-General Rodríguez se contabilizaron 4.720 delitos contra las personas, incluso 176 homicidios.

En San Justo, ciudad cabecera de La Matanza, la situación es por demás particular. Por ley se crearon juzgados y una Cámara allí, pero pese a que transcurrieron catorce años nunca se habilitaron.

Ante la consulta de Clarín, desde el Consejo de la Magistratura explicaron que el principal impedimento es el edilicio: al no contar con instalaciones en las que puedan funcionar, esos juzgados y la Cámara revisora sólo existen en los papeles. Se habló en una ocasión de construir un polo judicial, pero el proyecto naufragó.

Así, Moreno y San Justo se convirtieron -esto es admitido por las propias autoridades- en un “polo judicial fantasma”, con el agravante de que los índices delictuales continúan en permanente ascenso.

Falta de inmuebles

El problema -según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- se encuentra en la dificultad de encontrar en San Justo un inmueble para que funcionen los tribunales.

“Según el Consejo, no hay justicia federal de La Matanza tal como determinó el Congreso, porque durante 14 años no lograron comprar unas oficinas allí“.

En La Matanza en 2020 se abrieron 6.087 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) sólo vinculadas a estupefacientes.

Las últimas estadísticas mostraron además, que se registraron 7.685 delitos contra la persona, 318 de los cuales fueron homicidios. Más de 6.400 corresponden a lesiones leves y lesiones culposas.

La ACIJ, que realizó un relevamiento de este polo judicial que sólo existe en los papeles, agregó que “el Consejo de la Magistratura y los poderes políticos se tomaron cinco años hasta que designaron a los jueces.

En la Cámara fueron designados María Isabel Fulghieri, Eduardo Alonso y Alejandro Segura. En el juzgado Nro. 1, Alicia Perez y en el Nro. 2, Marcelo Dos Santos. Nunca ocuparon el cargo para el que concursaron.

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