La prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad atenta contra la pluralidad de voces e identidades y desvía la mirada de los principales problemas de la educación.
La Ley 26.206 de Educación Nacional establece que la educación pública debe contribuir a profundizar el ejercicio de una ciudadanía democrática y respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. Por su parte, la Ley 26.743 de Identidad de Género dispone que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género”. En virtud de lo establecido en estas normas y de la esencia misma de la educación, la escuela, como ámbito fundamental para la construcción de las subjetividades y para el fortalecimiento del pluralismo democrático, tiene la obligación de reconocer, respetar y valorar las diversas identidades que la habitan. En otras palabras, debe constituirse en un espacio que refleje la heterogeneidad que es inherente a la condición humana y que es propia de toda sociedad, dejando atrás la impronta homogeneizante sobre la cual se han edificado nuestros sistemas educativos, impronta que ha reproducido múltiples violencias hacia diferentes colectivos. Prohibiciones como la anunciada hoy, niegan al personal docente la libertad de expresarse de acuerdo a sus propias convicciones, impiden a las niñeces y adolescencias recibir ideas diversas por parte de sus maestras y maestros, y afectan particularmente a integrantes de comunidades educativas con identidades de género no hegemónicas, al quitarles la posibilidad de contar con espacios que las visibilicen y defiendan.
Limitar el uso del lenguaje inclusivo es también limitar la posibilidad de educar desde la pluralidad de voces y perspectivas, de enriquecerse a partir de ellas y de intercambiar ideas y posturas durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela refleja las transformaciones sociales que se gestan en otros ámbitos y también las protagoniza, a través de la generación de conocimiento y la promoción de reflexiones críticas sobre las problemáticas que atraviesan a las comunidades. Las autoridades educativas no deben oponerse a los cambios sociales. Deben habilitar espacios para debatirlos.
Por otro lado, no existe evidencia que avale que los resultados negativos obtenidos en las pruebas de aprendizaje se deban al uso del lenguaje inclusivo en las aulas. En tal sentido, afirmar que su prohibición podría solucionar los problemas de calidad educativa, implica dar una respuesta reduccionista a una realidad compleja, e invisibiliza una serie de problemáticas estructurales del sistema educativo. En efecto, la medida anunciada corre el eje de discusión pública, impidiendo que se debatan las acciones y omisiones estatales que -en base a las evidencias disponibles- deterioran el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
En este sentido, cabe destacar que desde 2016 la asignación presupuestaria al Ministerio de Educación porteño evidencia una tendencia decreciente: el presupuesto vigente para este año es -en valores reales- un 18,67% menor que el de 2016. Particular relevancia cobra la disminución de los recursos destinados a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, organismo encargado de diseñar e implementar políticas para la inclusión escolar y la mejora de la calidad de la educación, que desde el 2017 a la actualidad se redujeron en un 24%. También resulta preocupante la baja que sufrió el programa de becas estudiantiles, destinadas a apoyar a la población más vulnerable en el sostenimiento de su escolaridad, el cual se redujo en un 30% desde el año 2018 a la fecha.
Por otra parte, faltan vacantes en el nivel inicial. Pese a que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires obliga a asegurar la educación desde los 45 días, en 2022, 3.783 niñas y niños no accedieron a una vacante en dicho nivel, y el GCBA no tiene planeada la construcción de ninguna escuela nueva para solucionar esta problemática, pese a que está obligado a hacerlo conforme lo acordado en el marco de una causa judicial hace 11 años.
Además, el acceso a la educación continúa siendo desigual. A modo de ejemplo, entre la población de 3 a 5 años, el nivel de asistencia escolar varía dependiendo de la zona en la cual residan las niñas y los niños. Mientras que en la zona norte de la Ciudad, el 100% asiste a una escuela de educación inicial, en la zona sur (1) lo hace el 86% de la población de ese rango etario (2). Estos datos muestran que la premisa de no dejar a nadie atrás se incumple sistemáticamente.
En un similar sentido, al analizar los índices de repitencia y sobreedad en el nivel secundario -indicadores con incidencia sobre el abandono escolar- es posible advertir importantes diferencias según el tipo de gestión. Mientras que en el sector privado la repitencia alcanza el 2,2% de la población escolar, en el estatal asciende al 10,9% de la población escolar. En cuanto al porcentaje de sobreedad, en el sector privado es de 9,8%, en el estatal es del 39,1% (3). Estos datos dejan al descubierto los graves problemas que hoy tiene la educación pública de gestión estatal de la Ciudad, que nada tienen que ver con el uso del lenguaje.
El lenguaje construye sentido. Es dinámico y es político. Expresarnos de modo tal de incluir a más personas, nunca puede devaluar la calidad educativa. Por el contrario, solo puede potenciarla.
(1) Los indicadores socioeconómicos y habitacionales del sur de la Ciudad se encuentran por debajo de la media y muestran condiciones alarmantes. Por ejemplo, un tercio de la población de la Comuna 8 vive en villas y asentamientos, mientras que otro tercio vive en complejos de vivienda social. Además, los valores de hacinamiento duplican los valores del resto de la ciudad.
(2) Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE), Anuario de Estadística Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Datos de la Encuesta Anual de Hogares del año 2020, disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario/poblacion-y-asistencia-escolar (fecha de última consulta: 10 de junio de 2022).
(3) Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE), Anuario de Estadística Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Relevamiento Anual 2020, Educación común de nivel secundario: “Porcentaje de repetidores y de alumnos con sobreedad, por sector de gestión según distrito escolar”. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario/educacion-comun-nivel-secundario (fecha de última consulta: 10 de junio de 2022).