Organizaciones de la sociedad civil exigimos al Poder Ejecutivo que restituya los fondos recortados para políticas sociales

Organizaciones de la sociedad civil le exigimos a Sergio Massa, titular del Ministerio de Economía y a Juan Manzur, Jefe de Gabinete, la inmediata revisión del grave recorte de partidas para políticas sociales que realizaron al distribuir el Presupuesto 2023, a través de la Decisión Administrativa 4/23.

En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2023, las organizaciones firmantes advertimos una serie de reducciones en partidas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó un aumento del gasto de $567.699 millones. Casi la mitad de esos fondos se destinó a partidas sobre las cuales la sociedad civil había advertido su falta de financiamiento adecuado para revertir las problemáticas que se proponen atender (arts. 17 y 116 de la Ley N° 27.701). 

La asignación aprobada por el Congreso Nacional no se encuentra contemplada en la Decisión Administrativa 4/23. Es decir que, mediante este acto administrativo, los titulares de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía de la Nación distribuyeron los créditos omitiendo consignar la asignación aprobada por el Congreso en el marco del proceso regular para la discusión pública y aprobación del presupuesto nacional. 

Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso quien debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes y constituye una afrenta al sistema republicano de gobierno. 

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