ACIJ / Prensa

Bajan las partidas sociales

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Diario de Río Negro
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Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
BUENOS AIRES

El jueves pasado el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2023. La propuesta contempla una reducción del gasto de casi el 9% con relación al presupuesto actual (vigente al 31/8/22 y ajustado por la inflación estimada en el mismo proyecto para este año, del 95%). El 50% de ese recorte se explica por la caída del presupuesto destinado a la Seguridad Social (Asignaciones Familiares, Prestaciones Previsionales, Pensiones no Contributivas).

Si bien la mayor parte del presupuesto está destinado a Servicios Sociales (64,4%), una tendencia que se sostiene a lo largo de los años, esta finalidad cae más de un 10% si se compara lo proyectado para 2023 con el crédito vigente en agosto de este año, mientras que la Deuda Pública tiene una asignación que supera en un 25,7% a la de este año. Otra finalidad que aumenta con relación a 2022 es Servicios de Defensa y Seguridad, con un presupuesto un 10% más elevado, orientado principalmente a la función Defensa.

La reducción del gasto en Servicios Sociales (que incluye políticas destinadas a Agua Potable y Alcantarillado, Ciencia y Técnica, Educación y Cultura, Promoción y Asistencia Social, Salud, Seguridad Social, Trabajo, Vivienda y Urbanismo) y en Servicios Económicos (que contempla políticas dirigidas a Agricultura, Comercio, Turismo, Comunicaciones, Ecología y Medio Ambiente, Energía, Combustibles y Minería, Industria, Seguros y Finanzas, Transporte) repercute en una reducción de la participación de esas partidas, del 1% y del 3% respectivamente, sobre el presupuesto total. Como contracara, la Deuda Pública aumenta su participación sobre el total del gasto en casi un 3%.

Dentro de los Servicios Sociales vemos que, salvo Ciencia y Técnica, todas las funciones sufren recortes si se compara la proyección 2023 con el presupuesto vigente actualmente.

Antes de que termine el año, el Congreso debe aprobar la propuesta del Ejecutivo y puede realizar modificaciones. El debate comienza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados/as. Esta instancia es fundamental para analizar y discutir la asignación de recursos adecuados para políticas públicas destinadas a garantizar los derechos y reducir las desigualdades socioeconómicas.