Por Eduardo Videla
Siete organizaciones de la sociedad civil impugnaron las candidaturas del legislador del PRO Martín Ocampo y de Yael Bendel, titular del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, como fiscal general y asesora general tutelar de la Ciudad, respectivamente, por considerar que “no cumplen con los criterios mínimos de idoneidad y no ofrecen las garantías de independencia que los cargos requieren”.
En los escritos presentados, las organizaciones sostienen que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no debería avanzar con las postulaciones de Ocampo y Bendel para ocupar los máximos cargos en la Fiscalía y la Asesoría Tutelar de la Justicia porteña, y dan sus razones. “La Fiscalía General debe procurar la satisfacción del interés social ante los tribunales de la Ciudad, así como llevar adelante las investigaciones y acusaciones penales”, consideran. Puntualmente, objetan la condición de Ocampo de “actual diputado oficialista e integrante del partido de gobierno”, lo cual “no da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere”.
“Esto es fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno”, afirmaron. Y consideraron que Ocampo “no cuenta con los antecedentes necesarios para dirigir el Ministerio Público Fiscal”.
La impugnación a la postulación de Ocampo fue firmada por la Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Directorio Legislativo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
A estas organizaciones se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) para impugnar la postulación de Yael Bendel, candidata a ser titular de la Asesoría General Tutelar, un organismo dedicado a la protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental.
Las organizaciones advierten que Bendel “no es especialista en la temática, no ha realizado estudios de especialización y únicamente ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió mediante concurso”. Consideran que su acercamiento a la temática, “casi exclusivamente vinculado a los cargos políticos en los que fue designada, minaría su capacidad de ejercer el cargo con independencia de criterio”. Un requisito “necesario” para dirigir un organismo que “debe exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de satisfacción de derechos”. Incluso estiman que desde su cargo en el Consejo “no ha ejercido un rol activo en la defensa de los derechos que estaba llamada a proteger”.