El documento analiza el diseño, implementación y algunos efectos de las políticas de transferencias de ingresos impulsadas por el Estado Nacional para abordar la pobreza monetaria en la que viven las niñas, niños y adolescentes (NNA) de nuestro país. A su vez, presenta una propuesta para que estas prestaciones alcancen lo necesario para cubrir una Canasta Básica Alimentaria (CBA), a fin de que ningún NNA viva en la indigencia.
La situación en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en Argentina ha alcanzado en los últimos años dimensiones alarmantes: en el segundo semestre de 2022, el 54,6% de NNA de 0 a 17 años crecía bajo la línea de pobreza por ingresos, y al menos el 12,2% atravesaba la pobreza extrema al no contar con los recursos suficientes para acceder a una alimentación básica.
Las políticas de transferencias de ingresos, como parte de las políticas de protección social, son herramientas estatales fundamentales para el abordaje de la pobreza y la indigencia infantil. Así, buscan cubrir la significativa brecha que existe entre el reconocimiento de derechos constitucionales a este grupo y la realidad que atraviesa en los hechos.
El documento analiza los diferentes componentes del sistema de transferencias de ingresos para NNA e identifica diversas deficiencias que pueden llegar a profundizar desigualdades entre ellos y ellas. Se identifican en él falencias que provienen del diseño mismo de la política, como es el caso de la perspectiva adultocéntrica, la exclusión de un sector de NNA y la falta de priorización de los grupos más vulnerabilizados. Otros defectos están relacionados con su implementación, como problemas de tipo administrativo y las demoras en los trámites para acceder a las prestaciones. Asimismo, en esta publicación profundizamos sobre la insuficiencia de los montos y la regresividad de las políticas en la materia, desafíos que requieren ser abordados de forma urgente por el Estado.
El documento culmina con una propuesta tendiente a incrementar el monto de la AUH y el correspondiente al primer tramo de asignaciones familiares para garantizar que cada NNA que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica reciba una protección social del Estado que sea equivalente a una CBA. Allí se presenta una estimación de los costos que supondría y del impacto que tendría para los años 2021 y 2022 en el presupuesto general del Estado, en lo destinado a los sistemas de protección social y en el Producto Interno Bruto.
Resulta imperioso que Argentina fortalezca su sistema de protección social para transicionar hacia uno que garantice a las infancias y adolescencias un desarrollo libre de pobreza e indigencia. Crecer sin pobreza es un derecho humano. Es tiempo de garantizarlo.