Inversión en salud mental: sin recursos para cumplir la ley

Implementar políticas de prevención y abordaje en materia de salud mental desde una perspectiva comunitaria es urgente. Sin embargo, año tras año vemos cómo el presupuesto parece decir lo contrario: en general los fondos destinados a esta finalidad son insuficientes, y los pocos que hay son mayormente invertidos en servicios que según la Ley 26.657 no deberían existir más. El presupuesto 2026 no es la excepción.

Desde ACIJ, lanzamos el informe “Inversión en salud mental: sin recursos para cumplir la ley”, en el que analizamos los fondos presupuestarios asignados a las políticas de salud mental en los últimos años y las proyecciones para 2026. 

Si bien los recursos previstos para estas políticas de cara al año próximo muestran un incremento del 1,08% respecto del presupuesto vigente en 2025, este aumento resulta insuficiente y no revierte la pérdida acumulada de financiamiento: el presupuesto proyectado es un 32,63% inferior al ejecutado en 2023, último presupuesto aprobado por el Congreso, que era de por sí reducido. Además, se mantiene el incumplimiento sistemático de la pauta presupuestaria del 10% establecida en el artículo 32 de la Ley 26.657, que obliga a destinar ese porcentaje del gasto total en salud a salud mental. La inversión prevista para 2026 representaría apenas el 1,42% del presupuesto total de la función salud. En los últimos diez años, este porcentaje nunca superó el 2,66%.

Asimismo, más del 99% del presupuesto total en salud mental se dirigiría a la SEDRONAR y a los dos hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” y Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”), mientras que las actividades del Ministerio de Salud específicamente orientadas a apoyar y promover la salud mental comunitaria representarían apenas el 0,04%.

En este sentido, resulta especialmente preocupante el recorte de la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Ministerio de Salud, la única línea que tiene la finalidad explícita de implementar la Ley 26.657. Esta partida financia acciones clave como la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales, la implementación de intervenciones comunitarias, el seguimiento de la adecuación de instituciones monovalentes, la promoción de externaciones sustentables y el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios (casas de medio camino, viviendas asistidas, talleres de inclusión sociolaboral, entre otros). El presupuesto proyectado para estas acciones es de tan solo 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,6% respecto de los recursos vigentes 2025. Si para todas ellas el Estado contará solo con 48 millones de pesos, resulta claro que nada cambiará en 2026. 

El análisis de los presupuestos de los hospitales monovalentes y de la SEDRONAR muestran, además, fuertes oscilaciones en los recursos asignados y ejecutados y ausencia de información suficiente sobre las metas físicas y las actividades concretas que desarrollan, lo que impide evaluar su impacto y su adecuación al marco de la Ley Nacional de Salud Mental.

El proyecto de Ley de presupuesto 2026 evidencia que la mayor parte de los recursos permanece concentrada en dispositivos institucionales y que se debilitan las políticas con enfoque comunitario. De esta manera, el Estado argentino posterga una vez más el mandato de transformación previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental. Sin una reasignación urgente de recursos y una priorización presupuestaria, continuará perpetuando un modelo que encierra a las personas y las despoja de su vida.