Denuncian que el Presupuesto 2023 elimina recursos de gastos sociales

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un preocupante análisis sobre el proyecto de Presupuesto para el 2023 que el jueves de la semana pasada el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso.

Además de los recortes a las universidades y a la lucha contra el fuego se le suma la reducción de las partidas asignadas a la Seguridad Social, es decir, el dinero destinado a los sectores más vulnerables. Para nuestra provincia la reducción de presupuesto en la lucha contra el fuego, la universidad y sectores vulnerables se convierten en un debate en el que los legisladores nacionales por Salta deberán aclarar posiciones.

“El proyecto de presupuesto para el año que viene contempla una reducción del gasto de casi el 9% con relación al presupuesto actual (vigente al 31/8/22 y ajustado por la inflación estimada en el mismo proyecto para este año, del 95%)”, afirma en un comunicado la ACIJ.

Ahora bien, de ese recorte del 9% a nivel nacional, la mitad se explica por la caída del presupuesto destinado a la seguridad social (asignaciones familiares, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas). Hablamos de comedores y merenderos barriales, además de planes sociales y otras ayudas como los bolsones alimentarios.

Si bien la mayor parte del presupuesto está destinado a servicios sociales (64,4%), una tendencia que se sostiene a lo largo de los años, esta finalidad cae más de un 10% si se compara lo proyectado para 2023 con el crédito vigente en agosto de este año; mientras que la deuda pública tiene una asignación que supera en un 25,7% a la de este año. Otra finalidad que aumenta con relación a 2022 es servicios de defensa y seguridad, con un presupuesto un 10% más elevado, orientado principalmente a la función Defensa.

“Si bien los montos destinado a servicios sociales se aumentaron por la pandemia que comenzó en el 2020, lo que se debe decir es que la pobreza no se redujo. Había una tendencia a bajar en ese sector, pero ahora se aceleró con el objetivo de poder pagar el préstamo con el FMI (Fondo Monetario Internacional)”, dijo Julieta Izcurdia, abogada de ACIJ.

“Aún no analizamos cómo golpea en las provincias, pero tenemos la seguridad de que afectará mucho este recorte”, concluyó Izcurdia.

La reducción del gasto en Servicios Sociales (que incluye políticas destinadas a agua potable y alcantarillado, ciencia y técnica, educación y cultura, promoción y asistencia social, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y urbanismo) y en servicios económicos (que contempla políticas dirigidas a agricultura, comercio, turismo, comunicaciones, ecología y medio ambiente, energía, combustibles y minería, industria, seguros y finanzas, transporte) repercute en una reducción de la participación de esas partidas, del 1% y del 3%, respectivamente, sobre el presupuesto total. Como contracara, la deuda pública aumenta su participación sobre el total del gasto en casi un 3%. “Si bien puede parecer insignificante la reducción del 1% en la participación de servicios sociales sobre el presupuesto total, en términos relativos, el mayor recorte se explica por la caída del gasto destinado a seguridad social (la función con más presupuesto dentro de servicios sociales), dentro de la cual se encuentran programas como asignaciones familiares, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas por invalidez laborativa”, dice el análisis de ACIJ.

En números reales, para Salta el Presupuesto 2022 destinaba para “comedores comunitarios y merenderos”: 16.963.752 pesos. Para el 2023 propone destinar: 17.977.890 pesos; según la información de la página web oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Nación.

El Gobierno quiere que el Congreso apruebe su propuesta antes de que termine el año. “Quieren que se trate el 26 de octubre, están acelerando y mucho”, fue la reflexión de Izcurdia. Sin embargo, no todo está perdido. La abogada de ACIJ asegura que también se abrió otro frente de debate. “Así como reduce en recursos a los más vulnerables también hay que decir que abre un debate en torno de la generación de ingresos, sobre todo en cuestiones tributarias. Lo que propone el proyecto es revisar puntos clave como la exención del pago del impuestos a las ganancias para magistrados y del Poder Judicial o bienes personales de depósitos en bancos. Son temas sensibles, pero que se pone en discusión y eso es muy positivo”, concluyó Julieta Izcurdia.

 En Salta puede afectar a dos sectores sensibles 

Salta, al igual que Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y San Juan están muy afectadas por los incendios este año y los anteriores también. De acuerdo con el proyecto de presupuesto se asigna una partida de gastos (corrientes y de capital) de 10.208,4 millones de pesos, es decir una variación apenas superior al 50% en términos nominales con respecto al presupuestado para el año 2022. Teniendo en cuenta que la inflación proyectada en el mismo documento es del orden del 60%, el recorte en la partida sería cercana al 5% en valores reales.

Para seguir analizando el ajuste del presupuesto, el de las universidades sufrirá en 2023 un recorte de al menos 10%, en términos reales, respecto del año 2022. Esto resulta de la proyección de inflación del 60% que fija el proyecto de ley para el año que viene. Pero el ajuste del presupuesto universitario llegaría hasta un 22% si la inflación esperada alcanza efectivamente al 84,1%, tal como releva el Banco Central de las estimaciones de analistas.

Sin embargo, esos números son relativos a cada universidad. Para la de Salta (UNSa) la propuesta de presupuesto dice 10.578.534.332 de pesos, que aún no se podrá saber si es poco o es mucho recién hasta diciembre de este año.

Esto resulta porque el presupuesto actual, del 2022, nunca fue aprobado por el Congreso de la Nación, por lo que a las universidades les fueron dando las partidas según como iban necesitando. Es decir que en la UNSa, por lo pronto, no se puede comparar nada.