Conocer es un presupuesto para exigir: acceso a la información pública y derechos humanos

Por Clara Lucarella y Joaquin Caprarulo*

Desde el año 2002, todos los 28 de septiembre se celebra el Día Mundial del Derecho Universal de Acceso a la Información Pública. Este día representa una oportunidad para recordar que además de ser un derecho humano en sí mismo, el acceso a la información pública ocupa un rol fundamental en la exigibilidad de otros derechos y es una de las principales herramientas de la sociedad civil para controlar e incidir sobre los gobiernos.

En Argentina, la sanción de la ley sobre el derecho de acceso a la información pública (N° 27.275) saldó una deuda pendiente de muchos años. De esta forma, se inició una nueva etapa en la que el reconocimiento del acceso a la información pública como un derecho colectivo amplía su perspectiva más allá de la mera exigencia de transparencia y rendición de cuentas, y abre la posibilidad de convertirlo en una herramienta efectiva para exigir otros derechos fundamentales.

A partir de este avance, resulta imprescindible promover que los sectores más desaventajados de nuestra sociedad puedan encontrar en este instrumento una vía para reclamar más y mejores políticas públicas destinadas a revertir desigualdades estructurales. Para poder transformar el Estado, primero necesitamos conocer el alcance de las políticas públicas que está implementando, o bien cuáles son las acciones que aún no ha tomado.

Este proceso no comenzó con la sanción de la ley, sino que es un trabajo de muchos años de la sociedad civil para obtener información con el propósito de exigir más y mejores políticas sociales. El objetivo consiste en que las instituciones públicas mejoren sus niveles de apertura, sobre todo a partir de la producción de información de calidad. En segunda instancia, esa información ha sido y debe ser un insumo fundamental para diversos reclamos públicos, demandas judiciales, propuestas de ley, y un largo etcétera de estrategias destinadas a revertir situaciones de desigualdad.

Sobre este vínculo entre acceso a información pública y derechos humanos existen numerosos ejemplos. El trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil para que el Estado publicara información sobre su presupuesto y gastos ha permitido incidir, tanto en el Congreso como ante el Poder Ejecutivo, en una asignación de recursos más equitativa para programas clave en materia de derechos vinculados a políticas públicas de niñez, igualdad de género o salud pública, entre otros.

Asimismo, se han impulsado acciones judiciales para que el Estado comenzara a producir información respecto a determinadas políticas públicas, como por ejemplo en áreas como discapacidad, y que de esa manera pudiera revisarse su diseño e implementación. De manera inversa, el acceso a la información pública ha permitido fundar acciones de amparo y otras medidas judiciales para que el Estado cesara en acciones u omisiones violatorias de derechos humanos, en cuestiones como por ejemplo el acceso a la vivienda.

Los casos y el universo de usos que tiene la información pública es tan amplio que intentar explicarlos en estas líneas sería imposible. La vigencia de este derecho de forma irrestricta es una condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos y estimular su participación, de forma que las instituciones públicas los escuchen activamente. 

A dos años de la implementación de la ley aún resta promover una serie de cambios culturales e institucionales que terminen de erradicar un paradigma basado en un Estado que toma sus decisiones en secreto y de espaldas a la ciudadanía. Esta es la única manera para que la ciudadanía pueda seguir exigiendo el cumplimiento de sus derechos, en el marco de una democracia transparente e inclusiva.

*Integrantes del equipo de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)