Acceso a la justicia

A pesar de las promesas incluidas en el texto constitucional, persisten numerosos obstáculos procesales y de funcionamiento cotidiano de los juzgados a lo largo y ancho del país que limitan seriamente un acceso igualitario al servicio de justicia. Estas barreras suelen afectar especialmente a grupos vulnerabilizados en términos de género, etnia, edad, discapacidad, identidad sexual, situación migratoria o socioeconómica. A su vez, también afectan en forma diferencial a personas que se encuentran privadas de su libertad o que son víctimas de violencia. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva -reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos- implica que las personas cuenten con canales institucionales idóneos para resolver sus conflictos, satisfacer sus necesidades jurídicas, y reclamar por sus derechos; y que dichos canales no sean obstaculizados por razones de índole económica, social, cultural, educativa, geográfica, lingüística, entre otras. En este sentido, trabajamos para que el Estado implemente las transformaciones necesarias en materia de acceso a la justicia, en un sentido amplio, atravesadas por una concepción robusta de los derechos de las personas y de la participación democrática.