Sostienen que la reforma de 2006 tuvo serios déficits de legitimidad y configuró un retroceso respecto de un estado de situación que ya era deficiente. En este documento subrayaron la necesidad de que en esta oportunidad el debate fuera amplio y profundo, con tiempo suficiente como para que todos los actores interesados en realizar aportes sean escuchados sustantivamente a fin de iniciar un proceso serio de relegitimación del sistema de justicia.
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