Se trata de dos proyectos de ley que pretenden garantizar el acceso de todas las personas privadas de su libertad a la educación pública y a una remuneración justa por su trabajo.
El primer proyecto, de estímulo educativo, pone en cabeza del Consejo Federal de Educación la educación en cárceles y morigera las condiciones de aquellos inernos que vayan completando ciclos.
El segundo, pretende eliminar la deducción del 25% del salario de los internos que trabajan que hoy se destina a costear gastos en el penal.
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