A partir de una causa judicial iniciada por ACIJ, el Gobierno porteño se comprometió a evitar y sancionar la exclusión escolar de las personas con discapacidad

En 2019, ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de una sentencia favorable, el Ministerio de Educación porteño se comprometió mediante un acuerdo judicial a implementar una serie de medidas para poner fin a estas prácticas discriminatorias.

A pesar de que la normativa vigente en nuestro país obliga al Estado a asegurar el derecho a la educación inclusiva, en la actualidad las personas con discapacidad continúan siendo rechazadas en el ingreso a las escuelas comunes, lo que las obliga a asistir a otras escuelas lejanas a sus hogares o a escuelas especiales, y en ocasiones incluso las condena a la desescolarización. Las instituciones educativas suelen alegar que no hacen inclusión, que son demasiado exigentes, que ya tienen cubierto el “cupo” por discapacidad o que la modalidad especial es la mejor opción. Así, las familias deben recorrer decenas de establecimientos educativos hasta encontrar uno que les abra las puertas. Si bien estas situaciones pueden ocurrir tanto en escuelas de gestión pública como privada, en estas últimas se reiteran con mayor frecuencia debido a que sus mecanismos de inscripción son más discrecionales.

Ante esta situación, en 2019 ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, interpuso una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada localizadas en esa jurisdicción. En 2022 el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, ordenó al gobierno implementar una política pública para revertir esta situación (la sentencia está disponible aquí). 

En el marco de este proceso, y tras diversas instancias de negociación, se arribó a un acuerdo entre la parte actora y la demandada, que fue homologado judicialmente y por lo tanto reviste carácter obligatorio. En él, el Gobierno se comprometió a: 

• Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 
• Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 
• Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.
• Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 
• Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 
• Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

Varias de estas medidas ya fueron oficializadas mediante la Disposición N° 45-GCBA-DGEGP/24, aprobada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada el pasado 7 de marzo.

La política adoptada permite dar un paso fundamental en el camino de asegurar que las niñeces y adolescencias con discapacidad puedan asistir a las mismas escuelas que las demás, derecho que hasta el momento no les era garantizado. A su vez, resulta ser un precedente de gran utilidad para las autoridades públicas y colegios de todo el país, que pueden encontrar en ella un modelo para transformar sus propios sistemas educativos y sus culturas escolares.

Hoy, tras años de exclusión, la justicia educativa parece estar más cerca de alcanzarse.