Dicen que antes de fin de año designarán al Defensor Nacional del Niño

Será por desidia o será tal vez que a los gobiernos no les gusta demasiado que los controlen. Lo cierto es que en 2005 se sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establecía un plazo de 90 días para nombrar al Defensor nacional, algo que nunca ocurrió a pesar de los reclamos. En marzo, varias organizaciones no gubernamentales unidas #InfanciaEnDeuda presentaron un amparo y una jueza hizo lugar al reclamo exhortando al Congreso a designar al Defensor. Días después de la orden judicial, se formó la comisión bicameral necesaria para designar al Defensor. Ayer, funcionarios, especialistas y legisladores participaron de una jornada en la que se volvió a hacer hincapié en la importancia de esta figura que, prometieron, será designada antes de fin de año.

En Argentina hay 12 millones de niños, niñas y adolescentes, y la mitad vive en situación de pobreza, sufre carencias de todo tipo y es blanco de muchas violencias. En este contexto, contar con un defensor que luche por sus derechos a nivel nacional es urgente. De allí que varias organizaciones no gubernamentales hayan presionado para que se designe esta figura. El amparo había sido presentado por la Fundación Sur Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia (ADI), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Poder Ciudadano, todas integrantes de #InfanciaEnDeuda.

“Esta es una deuda pendiente de Argentina. Celebramos que este sea el principio de un proceso rápido. Argentina tiene un marco normativo avanzado pero problemas para implementarlo. Hay problemas de coordinación con las provincias y problemas presupuestarios -dijo Ana De Mendoza, representante adjunta de UNICEF Argentina-. Es un rasgo de madurez política que se nombre a una figura independiente para que tenga un rol de control en el sentido positivo”. Para Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF, el defensor podrá meterse en temas cruciales como lograr que el millón y medio de niños que no reciben la asignación puedan acceder a ella, o luchar para que los atiendan ciertas obras sociales, o que puedan cobrar otras asignaciones como la de discapacidad. “El Defensor podrá articular entre los defensores locales y entre ellos y el Estado. El presupuesto, por ejemplo, es nacional”, explicó.Para Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, los defensores deben ser “autónomos, autárticos, contar con presupuestos independientes de discusiones políticas y tener iniciativas legislativas”.

La diputada Carla Carrizo, al frente de la Comisión bicameral (son cinco diputados y cinco senadores), aseguró a Clarín que el Defensor será designado antes de fin de año. “El proceso será transparente para que genere confianza, hay un reglamento que seguir”. La sociedad y los especialistas podrán hacer observaciones ante las postulaciones. “Será como un vocero de la infancia que garantizará la aplicación de los derechos colectivos. Protegerá los derechos antes los tres poderes del Estado y hará recomendaciones ante el Congreso. La idea también es que exija que haya un defensor en cada provincia, ya que hoy hay sólo seis, el 75% de las provincias del país no tienen defensores del niño”.

“Los niños en Argentina son las población más vulnerable. La mitad vive en situación de pobreza, son los más desprotegidos -dijo a Clarín Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Cippec, integrante de #InfanciaEnDeuda-. Este no es sólo un problema moral sino que también es estratégico porque estos niños son el futuro del país”.

Algunas experiencias

Córdoba es una de las pocas provincias que cuenta con una defensora de niños, se llama Amelia López y asumió en marzo de 2016: “Atendemos unos mil casos por año”, asegura. Cuenta que lo más común es la intervención en situaciones de violencia intrafamiliar, también defienden chicos con discapacidad, hacen reclamos ante las obras sociales. Además, hacen monitoreos a los albergues donde viven alrededor de 900 niños, también en los institutos penales juveniles donde hay otros 200. Analía Colombo es la defensora en Santa Fe desde 2012. También hacen promoción y monitoreo de derechos y confirma que las principales vulneraciones que sufren los niños es en su derecho a la integridad física y psíquica, situaciones que en la mayoría de los casos ocurren dentro del propio hogar y que por eso son difíciles de detectar. Lo importante es que las denuncias pueden ser anónimas, y la defensoría actúa de oficio. En Santa Fe se atienden unos 3000 casos al año, pero en lo que va del 2017 ya intervinieron en unos mil.