Una oportunidad del Estado para remediar el decifiente acceso a la educación inicial

El juez Guillermo Fabio Treacy del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y ordenó al gobierno de la ciudad garantizar vacantes para todos los niños y niñas entre 45 días hasta 5 años de edad.

La demanda presentada por la ACIJ denunciaba la exclusión de miles de niños y niñas del acceso a la educación pública en el nivel inicial por falta de vacantes. Tal situación había aumentado sensiblemente en los últimos años, llegando a ser 6047 los niños excluidos en el año 2006. Argumentaba a su vez que el GCBA no había implementado las medidas necesarias para remediar tal situación, a pesar de haber tenido los recursos suficientes para hacerlo. Ello surgía con claridad al constatar que en los últimos años el porcentaje de subejecución del presupuesto destinado a obras de infraestructura escolar alcanzó en promedio el 32,3%.

El juez consideró que el Estado había incumplido su deber Constitucional de asegurar y financiar la educación desde los 45 días hasta los 5 años de edad, y de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a dicha educación.

A su vez remarcó que la carencia de establecimientos de educación inicial perjudica más a las familias de escasos recursos, que previsiblemente no contarán con los medios para enviar a sus niños a otro tipo de establecimientos pagos.

“Consideramos que la intervención del poder judicial en este caso consistió un primer paso necesario para asegurar la debida defensa y respeto de los derechos a la educación, autonomía e igualdad de los niños y niñas que año tras año no consiguen vacantes, y que la decisión de la justicia constituye una valiosa oportunidad que se le presenta al Estado para remediar el deficiente acceso a la educación inicial”, sostuvo Nuria Becú, coordinadora del programa Igualdad Educativa de la ACIJ.

La intervención judicial se hace imperiosa, según el juez, tanto por la inexistencia de limitaciones presupuestarias que le hubieran impedido al gobierno de la ciudad cumplir su deber constitucional en el pasado como por la falta de un programa integral que tienda a dar respuesta a la demanda educativa de nivel inicial en el futuro.

Por todo ello, el juez ordenó al gobierno que: dentro de 30 días hábiles de quedar firme la sentencia se presente el detalle de las obras en ejecución, con estado y fecha de finalización; que dentro de 90 días se entreguen los proyectos de obras nuevas necesarias para satisfacer la demanda educativa correspondiente a niños y niñas de entre 45 días y 5 años que deberán estar finalizadas antes de 2010.

Finalmente, ordenó que se efectúe un seguimiento de cada niño que estuvo en lista de espera durante el 2007 sin haber podido hallar un establecimiento educativo, y que se informe la solución que adoptará en cada uno de esos casos para que tal situación no se repita en el 2008.

“Confiamos a su vez en que la Administración compartirá la persecución de tales objetivos poniendo a disposición de los recursos necesarios para implementar la sentencia del juez”, concluyó Becú.