05.04.22 // Novedades, NOVEDADES, Salud Mental (novedades)

¿Un nuevo hospital psiquiátrico en Santiago del Estero?

A raíz de la reciente inauguración del Centro de Salud Mental «Dr. Diego Alcorta» en la provincia de Santiago del Estero con la presencia de autoridades locales y nacionales, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) manifestamos nuestra preocupación por la posible adopción de políticas contrarias a la Ley Nacional de Salud Mental e instamos al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que garanticen su plena implementación en todo el país.

La ley 26.657, sancionada en el 2010, fue el resultado de un largo proceso histórico iniciado en la segunda mitad del siglo XX que tiene por finalidad reconvertir los sistemas de salud mental para que brinden a la comunidad una respuesta de calidad y respetuosa de los derechos humanos. Por ello, la norma establece la sustitución del modelo manicomial, basado en la segregación de las personas en grandes hospitales psiquiátricos, por uno de salud mental comunitaria, compuesto por una red de dispositivos alternativos a la internación (consultas ambulatorias, servicios de atención domiciliaria, hospitales de día, dispositivos habitacionales, emprendimientos sociales, cooperativas de trabajo, entre otros) que garanticen un abordaje humanizado e integral y promuevan verdaderamente la inclusión social. Además, la ley obliga al Estado a asegurar que todos los centros de atención primaria y los hospitales generales del país brinden asistencia en salud mental, ordena la adecuación de las instituciones existentes a sus principios y estándares, y prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos. En esta misma línea, establece que las internaciones por motivos de salud mental deben realizarse únicamente en hospitales generales

En este contexto, la información difundida acerca de la inauguración del centro de salud mental ubicado en la localidad de El Polear, en la provincia de Santiago del Estero, con 92 camas de internación, incumple la normativa vigente en la materia e implica un retroceso en el proceso de construcción de un sistema de atención comunitario, accesible y descentralizado. Esta situación visibiliza, además, la urgente necesidad de adecuar las normativas nacionales y provinciales para la habilitación de efectores de salud mental y consumos problemáticos a los estándares establecidos en la Ley Nacional y la importancia de que cada provincia cuente con un Órgano de Revisión Local de Salud Mental que monitoree la implementación de la ley 26.657 en cada jurisdicción. 

En un contexto de un fuerte aumento de la demanda de atención en materia de salud mental, es fundamental fortalecer las capacidades de respuesta del sistema sanitario y el trabajo coordinado entre las diversas áreas y niveles de gobierno para implementar políticas de promoción y prevención en salud mental, derribar las barreras de acceso a la atención, sustituir los hospitales psiquiátricos por servicios y dispositivos con base en la comunidad y garantizar abordajes integrales que contemplen las necesidades de vivienda, trabajo, educación y protección social. En este sentido, concentrar los recursos financieros, humanos y materiales en un único dispositivo monovalente con 92 camas destinadas a internación está muy lejos de conducir al logro de estos objetivos

A más de 11 años de su sanción, cumplir la Ley Nacional de Salud Mental no sólo es una obligación, sino que es una cuestión urgente de salud pública y de derechos humanos. Por ello, esperamos que las autoridades provinciales y nacionales brinden las razones pertinentes acerca de la inauguración de este centro e informen de qué manera se adecuará a la normativa nacional e internacional en la materia

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