Un nuevo fallecimiento de un bebé salteño vuelve a poner en evidencia la vulneración del derecho a la salud intercultural de niñas y niños de las comunidades indígenas 

El  1º de julio de este año falleció en el Hospital de Orán un bebé wichí como consecuencia de una serie de falencias del Estado provincial. El niño, integrante  de la comunidad Misión La Paz, de la localidad de Santa Victoria Este (departamento de Rivadavia), nació con insuficiencia respiratoria tras haber padecido sufrimiento fetal por una demora injustificada en la cesárea.

Pese a que la historia clínica de la madre indicaba que debía practicarse un parto por cesárea, la serie de negligencias y fallas estructurales permitidas por las autoridades de salud salteñas impidieron que se programara la operación a tiempo. Como consecuencia,  mientras la mujer se encontraba en trabajo de parto, en un contexto de violencia obstétrica y  encontrándose en riesgo su salud, tuvo que ser derivada del Hospital de Santa Victoria Este al Hospital de Tartagal ya que Rivadavia no cuenta con ningún centro de salud clínica de alta complejidad para intervenir en casos como estos. Posteriormente, debido a la falta de profesionales especialistas en Tartagal, la mujer debió ser trasladada al Hospital de Orán, donde falleció el niño. 

Este trágico suceso vuelve a poner en evidencia la ausencia de políticas públicas activas para garantizar un acceso igualitario y sin discriminación a la salud pública a las comunidades originarias. A casi 17 meses de haberse declarado la emergencia socio-sanitaria en estos tres departamentos del norte salteño (San Martín, Rivadavia y Orán), los problemas estructurales vinculados al sistema sanitario persisten.

La falta de profesionales, la precariedad estructural de las principales áreas operativas y la ausencia de un abordaje comunitario e intercultural, entre otras, son todas  falencias que ya formaban parte del diagnóstico sanitario en febrero del año pasado, cuando el gobierno de Salta declaró la emergencia socio-sanitaria. Sin embargo, ninguno de estos factores que repercuten en la crítica situación en la región fueron resueltos. 

La declaración de la emergencia obligaba al Estado a dirigir sus mayores esfuerzos para corregir de forma prioritaria estos aspectos para evitar, por lo menos, que siguieran sucediendo muertes de niños y niñas pertenecientes a pueblos  indígenas en estas localidades.

Las dificultades que enfrenta esta comunidad, como las barreras para el acceso al Hospital, la tardía internación y la falta de recursos para afrontar los traslados,  ponen nuevamente en evidencia la ausencia de políticas públicas para el acompañamiento integral e intercultural a las familias a los fines de garantizar un seguimiento adecuado y un tratamiento eficaz. En definitiva, para el resguardo del derecho a la vida y a la salud.

Desde hace meses, comunidades originarias y distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que nos encontramos la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo Infancia en Deuda, señalamos la persistencia de las deficiencias estructurales en el ámbito sanitario pese a la declaración de emergencia. En ese sentido, instamos a la urgente aplicación y reglamentación de la ley provincial 7856 a los fines de mitigar las desigualdades que sigue reproduciendo el sistema de salud hacia las comunidades originarias y, sobre todo, para garantizar una efectiva participación indígena en la planificación de las políticas públicas sanitarias.

Cada fallecimiento significa una responsabilidad del Estado por las violencias que se reiteran contra estas comunidades y que repercuten sobre las y los más débiles: niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios cuyos derechos son cada vez más vulnerados. La crítica situación de la niñez indígena no admite más dilaciones. Es urgente eliminar los obstáculos en el acceso a los derechos más básicos por parte de las comunidades y toda causa de discriminación estructural que impide acceder al derecho a la salud y a la vida de sus integrantes.