La exhibición de la vida de lujos del exfuncionario Liuzzi, quien había sido denunciado por enriquecimiento ilícito una década atrás, puso la lupa sobre el juzgado número 8 de Comodoro Py.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se mueve lento, haciendo equilibrio entre las distintas facciones del poder. De perfil bajo y con 30 años en la Justicia, algunos expedientes a cargo de su juzgado lo acompañan desde hace diez años. Una de esas causas, que lleva seis años a cargo del magistrado, es la que investiga a quien fuera la mano derecha de Carlos Zannini durante los tres gobiernos kirchneristas, Carlos Liuzzi, y a su entorno familiar por enriquecimiento ilícito. La ostentosa vida de Liuzzi en España que se hizo pública días atrás contrastó con la marcha cansina de la investigación.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que Liuzzi ya respondió al pedido de la Justicia con la documentación relacionada con el aumento de su patrimonio y que “estaría por ir a los peritos en breve”. La causa está delegada en el fiscal Ramiro González, pero Liuzzi nunca fue indagado.
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Otro caso por corrupción que tiene a su cargo Martínez de Giorgi y que aguarda una definición desde hace casi tres años es la investigación del capítulo local del Lava Jato, por las coimas que habría pagado la empresa Odebrecht en Argentina. El juez instruye el tramo de los sobornos para la concesión de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Martínez de Giorgi había procesado en esta causa a Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López, Roberto Baratta y al asesor de Jaime, Manuel Vázquez, por negociaciones incompatibles con la función pública. Esa resolución, que luego fue anulada, había beneficiado también a Ángelo Calcaterra, y al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. En un fallo lapidario contra la resolución que había dictado Martínez de Giorgi, la Cámara Federal dijo que no se realizó el análisis necesario en ese expediente y marcaron una serie de inconsistencias. En esta causa, el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, había declarado como imputado colaborador y confesó haber sido el intermediario para el pago de 20 millones de dólares a los exfuncionarios. Esa declaración nunca se llegó a incorporar al expediente –un hecho que despertó comentarios en el mundo judicial y motivó que las partes querellantes apelaran la decisión–. Y los familiares de Vázquez, que con su testimonio habría complicado a Calcaterra, fueron sobreseídos.
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Hoy, sin embargo, las miradas de la política se concentran en qué decisión tomará De Giorgi después del fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por considerar que no existió una asociación ilícita abocada a la producción de inteligencia clandestina durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando el caso por espionaje ilegal llegó al juzgado 8, en las las del macrismo recordaban, con expectativas, el caso que ya lleva casi cuatro años bajo la órbita de De Giorgi contra Cristina Kirchner por los documentos de la SIDE que fueron hallados en su casa durante los allanamientos ordenados por Claudio Bonadio en 2018. Creen que una definición en ese caso podría atenuar el efecto de las acusaciones por espionaje contra exfuncionarios de Macri.
De Giorgi ya tuvo decisiones en casos que involucran a la vicepresidenta. La última fue cuando decidió sobreseerla en la causa que investigaba sobreprecios en los subsidios a los colectivos. El caso era un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas, y, según el fallo firmado por De Giorgi, resultaba “imposible” realizar un peritaje para determinar si existieron sobreprecios. Fue cerrado por falta de pruebas.
Egresado de la Universidad John Kennedy en 1990, De Giorgi en 1992 pasó a trabajar como secretario para el excamarista Horacio Cattani en la Cámara Federal. Quienes lo conocen hace más de una década recuerdan que llegó al juzgado del que hoy es titular con la bendición de Jaime Stiuso.
De Giorgi participó, el año pasado, con otros jueces y fiscales de Comodoro Py, del festejo de cumpleaños de Lucas Nejamkis, el amigo y colaborador de Stiuso. En ese entonces, el encuentro fue leído como una muestra de la buena sintonía que tiene, todavía, el ex hombre fuerte de la SIDE con algunos funcionarios judiciales de Comodoro Py.
Un abogado que lleva dos décadas caminando los pasillos de Comodoro Py y que litigó decenas de veces en el juzgado de De Giorgi lo describió: “Sabe muy bien cómo hacer tiempo, manda exhortos internacionales y pedidos de información, ordena peritajes, las causas se estiran, casi no eleva a juicio causas por corrupción”.
Según un informe elaborado por ACIJ, en el juzgado de De Giorgi hay 113 expedientes por corrupción abiertos. Uno de esos casos, que tuvo nueve años de instrucción, es la causa Sueños Compartidos, donde se investiga el desvío de fondos del Ministerio de Planificación a través de la Fundación Madres Plaza de Mayo, e indagó a su titular, Hebe de Bonafini, cuando el expediente ya llevaba abierto cinco años, en 2016.
Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron elevados a juicio oral. Hace tres años, De Giorgi sobreseyó a más de 30 imputados que seguían vinculados a la misma investigación, entre quienes estaba la hija de Bonafini, María Alejandra, y los exintendentes y gobernadores que recibieron obras en sus distritos
Los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti también tienen una causa abierta en el juzgado de De Giorgi, en la que se cuestionó la operación de compra venta de las acciones de Edenor. Lleva dos años en trámite sin demasiados avances.
La pareja, Ana María Juan, es prosecretaria de la Cámara Federal y concursó para ser titular de alguno de los juzgados federales de Hurlingham y de Lomas de Zamora. Durante el macrismo, De Giorgi formalizó su deseo de volver a la Cámara Federal, pero esta vez, como camarista. Participó del concurso que busca reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pero su intento quedó frustrado, ya que la terna que aprobó el Consejo no lo incluye a él.
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