Tras cuatro años de acción judicial y después de apelar dos fallos en contra, el Gobierno de la Ciudad reconoció la legitimidad del reclamo para proveer vacantes escolares en el nivel inicial a miles de niños y se comprometió a resolver el problema. Lo hizo en el marco de un acuerdo con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la entidad demandante, tras una serie de audiencias promovidas por el Tribunal Superior de Justicia porteño. El gobierno se comprometió a construir nuevas escuelas y aulas para absorber 6385 vacantes y a recalcular todos los años la cantidad de niños que no tienen lugar, para darles una respuesta. El acuerdo será homologado por el máximo tribunal porteño, pero antes se debatirá en una audiencia pública convocada para el próximo martes.
La demanda iniciada por ACIJ en 2006, ante la exclusión escolar que afectaba a niños de entre 45 días y cinco años, había obtenido dos fallos a favor, en primera y segunda instancia, pero en las dos ocasiones el Ejecutivo porteño rehusó cumplir con la sentencia y apeló la decisión. La última, durante la gestión de Mariano Narodowski en el Ministerio de Educación.
La falta de vacantes para la educación inicial es una demanda histórica en la ciudad, sobre todo en los distritos del sur, especialmente desde que se aprobó la obligatoriedad de que el Estado garantice el acceso a la educación de los niños desde los 45 días. El Ejecutivo se limitó a reubicar a los niños en otros establecimientos –algunos de ellos, privados–, por lo general, alejados de sus domicilios, y a proveer el servicio de transporte, pero nunca se impulsaron medidas de fondo.
El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia, que estaba en condiciones de dictar sentencia definitiva, pero prefirió convocar a las partes para explorar una posible salida consensuada y evitarle al Ejecutivo una sentencia condenatoria. “Esa convocatoria se hizo en julio del año pasado y, desde entonces, hubo una serie de audiencias donde se fue elaborando el acuerdo”, dijo a Página/12 Martín Sigal, codirector de ACIJ.
Mediante el acta acuerdo firmada el miércoles por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el propio Sigal, el gobierno porteño se compromete a construir escuelas y ampliar aulas para absorber 6385 vacantes en 2012, aunque la mayoría de las obras deben estar terminadas este año. Se trata de 119 obras nuevas y tres ampliaciones edilicias, a realizarse este año, más otra obra nueva prevista para el año próximo. Además, antes del 21 de marzo deberán presentar un plan con el detalle de obras adicionales en nueve distritos escolares. De las nuevas vacantes, 5289 corresponden al Ministerio de Educación y 1096 al de Desarrollo Social.
“El compromiso involucra a esta y a las futuras administraciones, ya que obliga al Ejecutivo a recalcular cada año la cantidad de niños sin vacantes, a elaborar nuevos planes de obra y a destinar las partidas de presupuesto necesarias para su ejecución”, destacó Sigal. Además, se conformará una mesa de trabajo con participación de la Asesoría Tutelar y la Defensoría del Pueblo, para supervisar el cumplimiento del acuerdo.
–Desde su punto de vista, ¿ha sido mejor el acuerdo o hubiera preferido una sentencia del Tribunal Superior? –le preguntó este diario.
–La sentencia hubiera sido condenatoria, sin dudas, pero general. El acuerdo, en cambio, detalla las pautas específicas sobre cómo resolver el problema y cuando sea homologado tendrá la misma fuerza que un fallo judicial.
ACIJ pidió además que se convoque a una audiencia pública antes de aprobarse el acuerdo, medida que fue concedida por el tribunal. Se celebrará el martes a las 11, en la sala de Cerrito 760, y los expositores se inscribirán en el momento. “Se trata de una medida inédita para una causa de este tipo”, destacó Sigal.
Por Eduardo Videla