Llamado a la acción sobre los recursos ilícitamente transferidos desde Egipto

ACIJ, como miembro de La Coalición UNCAC -Convención de las Naciones Unidadas contra la Corrupción- difunde un comunicado reciente a raíz de los sucesos en Egipto.
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El Cairo, París, Berlín – 10 de Febrero 2010.
La Coalición UNCAC, un grupo de más de 240 organizaciones de sociedad civil en más de 100 países, incluyendo la Organización Afro-Egipcia de Derechos Humanos (AEHRO) y NADAFA-Egipcios contra la Corrupción, está profundamente preocupada por la ilícita transferencia de fondos públicos fuera de Egipto.

Un reporte de Global Financial Integrity publicado en enero del 2011 encuentra que Egipto está perdiendo más de US$ 6 mil millones por año – US$57.2 mil millones en total desde el 2000 al 2008 – debido a actividades financieras ilícitas y la corrupción de los funcionarios gubernamentales.

A inicios de esta semana se hicieron públicas denuncias con relación a la riqueza del presidente egipcio Hosni Mubarak y su familia. Esta riqueza debe ser investigada a fondo, y si ha sido o es transferida ilícitamente debe ser inmediatamente congelada y, luego, repatriada.

La repatriación de activos ilícitamente transferidos desde Egipto podría brindar muchos de los fondos necesarios para el desarrollo de un país donde el 40 por ciento de su población vive con menos de 2 dólares por día.

El retorno de activos robados es un principio fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que establece que los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia en esta materia.

La Coalición de la UNCAC pide al gobierno egipcio seguir el ejemplo de Túnez y tomar todas las medidas necesarias para asegurar su derecho a la restitución. Más aún, la Coalición alienta a los Estados donde se reporta que se ocultan los activos robados a congelar los activos de propiedad o
controlados por personas que se consideran responsables de malversación de fondos del Estado egipcio y los individuos y entidades vinculados con ellos.

En plena concordancia con sus obligaciones en el marco de la UNCAC, los gobiernos deben, también, asegurar que los bancos apliquen los procedimientos “mejorados de diligencia debida” con relación a las transacciones que envuelven a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs, por su nombre en inglés) arriba mencionadas.

Solicitamos a los gobiernos publicar los montos de activos congelados y los nombres de los bancos que han congelado estos activos.

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