Hace más de una década, concretamente en 2010, se sancionó en Argentina una nueva Ley Nacional de Salud Mental, con postulados nacidos de criterios médicos que apuntaban a una renovación del abordaje de esta problemática. Pese al tiempo transcurrido, la normativa está muy lejos de cumplirse.
Una de las disposiciones más importantes de la nueva ley es el incremento del presupuesto que el Estado debe destinar al sector. Establece que debe ser del 10 por ciento del presupuesto del área de Salud. En la actualidad –es decir, en el ejercicio 2021- apenas es del 1,47 por ciento.
Con los exiguos recursos orientados a la Salud Mental, se torna imposible, a su vez, el cumplimiento del aspecto central de la ley, el que implicaba precisamente un cambio de paradigma en la temática, y que apuntaba a un proceso progresivo pero sostenido de desmanicomialización. Este término se refiere a la externación de los pacientes psiquiátricos, y la desaparición de los “manicomios”, término con el que se conoce popularmente a las instituciones donde se “encierra” a los pacientes que padecen patologías mentales severas o graves.
La ley de 2010 impone el cierre de estos hospitales psiquiátricos, con el plazo máximo de 2020 ya vencido, y su reemplazo por una red de dispositivos alternativos a la internación que permitan a los enfermos vivir en libertad, vinculándose a la sociedad y a sus afectos.
Este cambio de paradigma sigue sin poder ser cumplido, sometiendo a muchos enfermos psiquiátricos “a violaciones a sus derechos al ser internados y aislados en hospitales de acuerdo con una lógica tutelar e incapacitante que profundiza el padecimiento mental”, según denuncia la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En Catamarca también la externación de los pacientes psiquiátricos sigue siendo una deuda pendiente. Hay todavía más de una decena de internados en el Hospital Psiquiátrico de La Merced, del mismo modo que en una clínica privada de la ciudad Capital. A las carencias presupuestarias para generar herramientas de acompañamiento en el proceso de reconversión, se suman otros inconvenientes que deben atenderse para la inserción social de los pacientes: por ejemplo, la carencia de una vivienda donde los pacientes puedan alojarse o la ausencia de referencias familiares para el acompañamiento en el proceso.
Un informe de la ACIJ de reciente publicación advierte sobre la necesidad de “crear una red de dispositivos que pueden ser servicios de atención ambulatoria o domiciliaria, viviendas o residencias para personas con déficit habitacional, dispositivos de inclusión social y laboral. La vida en comunidad también ha sido negada por muchos años a estas personas. Entonces hay que pensar dispositivos, cooperativas de trabajo, servicios de asistencia financiera. Para que puedan vivir y hacerse cargo de sus propios gastos”.
Debe el Estado asumir el cumplimiento de las herramientas que rigen su funcionamiento, en particular si han sido formalizadas a través de una ley. La pandemia no puede funcionar como excusa sino como un argumento más, considerando que ha potenciado la aparición o desarrollo de patologías de tipo mental.