Riesgo eléctrico: Apagones, peligro y negocios con la energía en las villas porteñas

Provisión escasa y conexiones caseras causan cortes diarios que dejan sin calor, remedios o comida a miles de familias. Hay cooperativas que cobran por devolver la luz. La Ciudad se desliga del tema.

Por Claudio Savoia

Unos 300.000 vecinos de Buenos Aires viven en villas de emergencia. A las penurias que los enfrenta la pobreza, todos ellos le suman el peligro mortal de morir electrocutados. O en el mejor de los casos, el castigo de padecer cortes de electricidad casi diarios y que pueden durar hasta semanas, tras los cuales se desata una catarata de consecuencias: nebulizadores para los chicos inutilizados, medicamentos y alimentos que se pudren en las heladeras tibias, consultorios médicos y escuelas que bajan sus persianas por falta de agua, aparatos que se queman con los golpes de tensión. Casi tampoco existen líneas de telefonía básica: las telefónicas se rehúsan a instalarlas por temor al riesgo eléctrico que implican los tendidos y conexiones irregulares, junto a los cuales deberían trabajar.

 Una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que Clarín accedió en exclusiva, pinta un panorama sorprendente: mientras los vecinos de las villas soportan a diario estas penurias sin poder quejarse ni reclamar ante las empresas que sólo llevan electricidad hasta medidores comunitarios, el gobierno porteño gasta por año más de 17 millones de pesos de su presupuesto para pagar la cuenta de electricidad de todas las villas de la ciudad. Y eso no es todo: también financia el trabajo de cooperativas que llevan la luz de los medidores comunitarios hacia las calles y casas, aunque muchas veces también les vuelven a cobrar este trabajo a los vecinos.

 Margarita, pura carcajada, explica que ella llegó a la villa 21-24, en Barracas, hace 24 años. “Casi todos los días se me corta la luz a eso de las 19.30, viene un rato, se vuelve a cortar a las 11, y así. Mi marido es diabético, y tiene que guardar la insulina en la heladera. Por suerte con el frío se mantiene igual. La comida también nos cuesta más cara, porque no la podemos conservar. El médico me dijo que coma carne, pero yo no compro. ¿Cómo la van a mantener fresca en la carnicería con tantos cortes de luz?”

 Su mirada azabache escupe fuego, pero una sonrisa de marfil le ablanda el gesto de inmediato. Es una paraguaya dura, Sofía. “Todos los días, un corte. Estuvimos dos semanas sin electricidad, así es imposible vivir. Hace diez días se me quemó la heladera. Arreglarla me costó 300 pesos. Por reparar la tele tuve que pagar 180 pesos, y ahora también se quemó un DVD que había comprado hace tres meses. Me piden 100 pesos para arreglarlo.” La suma de estos gastos da 580 pesos, mucho más de lo que gasta cualquier familia de clase media por dos bimestres de electricidad con la tarifa subsidiada. ¿Quién dijo que en la villa “la luz es gratis”? “No es joda vivir acá”, redondea la temperamental Sofía. Y levanta la vista: cortando el aire, a veces apenas por sobre la altura de la cabeza, los cables de electricidad, teléfono y videocable recortan el reflejo del sol en polígonos imposibles y vuelan sin rumbo ni lógica. Y por supuesto, sin ningún tipo de seguridad.

 Sin acceso a la red de gas natural, y mucho menos de agua corriente y cloacas, en las villas la “electrodependencia” es total. Es simple: las bombas de agua necesarias para arañarle algo a las contaminadas napas freáticas, las estufas, las cocinas y hornos, las heladeras y cualquier otro aparato necesario para vivir, dependen del éxito de un enchufe.

La prestación del servicio de electricidad en las villas de emergencia –donde, recordemos, vive uno de cada diez vecinos de la ciudad– está regulada por dos convenios firmados entre el gobierno porteño y las empresas distribuidoras en 1993 (con Edesur, que ofrece el servicio en casi todas las villas) y en 2008 (con Edenor, que sólo lleva luz a un sector de la villa 31 y a toda la 31 bis). Esos convenios no tienen plazo de vencimiento, desconocen la potestad del Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) y le niegan a los vecinos de las villas la vital condición de clientes; sólo los reconoce como usuarios. Además, “no contemplan parámetros de calidad en el servicio, no contienen régimen de sanciones y consagran la falta total de control estatal”, afirma la ACIJ.

Estas objeciones no impiden que la Ciudad haya gastado 16,5 millones de pesos en el año 2008 por la provisión de energía eléctrica en todas las villas, y que entre el año 2000 y junio del 2009 –última fecha en que la ACIJ obtuvo datos oficiales, que en vano también fueron requeridos por Clarín– la cifra total sea de casi 97 millones de pesos.

Desde hace dos años, en el gobierno porteño es la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) la que se ocupa de la emergencia eléctrica en las villas. ¿Su trabajo? Tratar con las empresas distribuidoras y contratar a las cooperativas que deben realizar los tendidos y conexiones, además de inspeccionar su trabajo y recibir sus denuncias y las de los vecinos ante la falta de seguridad de las instalaciones.

Coco Rivero tiene la sonrisa pegada a sus labios. Militante social del barrio, es uno de los 27 miembros de la Junta Vecinal de la villa 21, en la que viven unas 70.000 personas. “Todas las obras y conexiones eléctricas de la villa está en manos de una cooperativa manejada por la misma persona desde la época del intendente Carlos Grosso. Y está a la vista que su trabajo es pésimo. Su gente lleva la electricidad desde los medidores públicos hasta las calles, y luego cada vecino se cuelga de ahí. Aunque la Ciudad ya le paga a la cooperativa por ese trabajo, ellos también le cobran a los vecinos, hasta 800 pesos por familia. Es tremendo.” Según los datos oficiales recogidos por la ACIJ, la Ciudad le paga a esa cooperativa 56.400 pesos por mes.

¿Qué pasa cada vez que se corta la luz en la villa? “Automáticamente se cierra el Centro de Salud 35, que se queda sin agua, y se van los médicos. A veces permanece cerrado varios días. En las casas, muchos enfermos no pueden tratarse –como el marido y una vecina de Graciela, que necesitan hacerse diálisis– y casi nadie puede calentarse, porque gas no hay, las garrafas son carísimas y usar un brasero es la muerte segura. Tampoco se pueden mantener los pocos alimentos frescos que hay en las heladeras, y con los golpes de tensión tras cada corte se queman todos los aparatos eléctricos. En la villa hay doce transformadores públicos. Coco estima que para evitar los cortes habituales harían falta al menos tres más.

Las cosas no son muy distintas en las villas 31 y 31 bis, de Retiro.“Acá hay siete medidores comunitarios de Edesur y uno de Edenor. La distribución en las calles y pasillos no la hace una cooperativa sino una empresa, Operys. El Gobierno porteño le paga para que instale y mantenga todo, desde los transformadores públicos hasta la puerta de cada casa”, explica Mauro Chellillo, un miembro de la ACIJ que también integra el cuerpo de interventores que la Justicia impuso para regularizar las elecciones de representantes en las famosas villas de Retiro.

Allí la historia es conocida: un promedio de doce reclamos diarios por manzanas enteras que quedan sin luz, miles de vecinos que no tienen ante quién quejarse –“pusieron una línea 0800 y la 147, pero atienden hasta las 21, justo cuando arrecian los cortes”, explica Mauro–, enfermos que no pueden atenderse, familias que no pueden calentarse, alimentos que se echan a perder, electrodomésticos que se queman, y lo peor: el periódico sobresalto por una explosión o un incendio que convierten el peligro en realidad.

Un remolino de vecinos siguen a Clarín durante su recorrida por los pasillos de la villa 31. “Nos prometieron dos transformadores más, pero no pusieron nada”, se enoja Julio. “La cuadrilla de Operys me quiso cobrar 300 pesos por reparar una conexión caída”, grita una verdulera. “No hay un ente que regule el espacio público del barrio, y con los desalojos compulsivos de los últimos años cada vez llega más gente. Pero como no se paga, a nadie le importa nada. Hasta hay dos enormes carteles publicitarios que están sobre la autopista Illia y toman la luz del transformador de la villa”, denuncia otra señora que ofrece más detalles sobre lo que dice.

“La luz viene flojita, no sirve para nada. Y además se corta todas las noches”, asegura Luis Farías, de la manzana 205. Pablo Cajavilla ofrece gaseosas calientes de la pizzería que atiende cuando la luz lo deja. Ahora no hay. “Por favor, que me cobren el servicio, quiero pagar. Me quedó una tele que anda, pero por miedo no la enciendo”, se compunge. Otras voces, anónimas del temor, afinan la puntería: “Los empleados de Operys ofrecieron hacer el tendido de una parte de la manzana 10 por 5.000 pesos. Ahí hay un tipo que tiene un lavadero de ropa clandestino, y no pasa nada. Dos empresas de micros de larga distancia iluminan sus corralones con la luz de la villa, y tampoco pasa nada”, dicen.

Alejandro Villarreal, gerente de Operys, niega las acusaciones: “Nosotros no le cobramos nada a los vecinos. Que hagan las denuncias con nombre y apellido, y yo echo a quien sea. El negocio lo hacen algunos delegados de las manzanas: si se corta la luz les piden plata a los vecinos para que vaya la cuadrilla, cuando en verdad si llega la orden de la UGIS la cuadrilla va igual, y a lo sumo tardamos media hora en llegar. Tenemos cuatro cuadrillas trabajando, pero si salta un fusible dentro de los transformadores no podemos hacer nada, ahí sólo las empresas pueden actuar. Ellos deberían colocar cinco transformadores más para atender la demanda.”

Edesur y Edenor comparten este diagnóstico. Clarín les preguntó qué podían hacer para mejorar la calidad del servicio que prestan en las villas, y si sería posible regularizar los tendidos e incorporar a sus vecinos como clientes, con todas las obligaciones y derechos que eso implica. Las respuestas fueron similares. Edesur, que atiende a doce villas de emergencia, asegura que no puede modificar el sistema de abastecimiento hasta que la Ciudad formalice la tenencia de las viviendas y abra calles que permitan tender redes e instalaciones seguras. Los voceros de la empresa también dicen haber realizado todas las obras que les encargó el gobierno porteño, y que harían más si les fuera requerido. Edenor también asegura que “nos encantaría tener a todos los vecinos como clientes, como se hizo en la villa La Cava de San Isidro, que fue urbanizada”. Otras fuentes empresarias del sector aportan un dato a cambio del anonimato: “en las villas no hay electricidad que alcance. Cada vez entra más gente, y es lo único que tienen. De hecho, consumen el triple del promedio del resto de los barrios.”

En este juego de acusaciones cruzadas, la responsabilidad final es del gobierno porteño. Ante el cuestionario de Clarín, los voceros de la UGIS admitieron que en las villas hay unas 15 cooperativas cuya tarea es la “revisión del estado de cables, postes, conexiones y empalmes”, equilibrar cargas de las líneas, ordenar los tendidos, verificar que los cables no reciban sobrecargas, cambiar fusibles, terminales y cables quemados, y decenas de otras tareas que sólo se cumplen en los papeles. La UGIS también asegura que cuando se corta la luz “el servicio es reestablecido en un plazo siempre menor a tres horas”, excepto en los casos complejos, y afirma que “a la fecha no se han recibido denuncias de que integrantes de las cooperativas hayan cobrado por realizar algún trabajo”. “El servicio es totalmente gratuito”, repiten. ¿Hay alguna esperanza de que algo cambie? “Se está analizando técnicamente si es viable realizar alguna modificación en lo que es el tendido de las redes y la seguridad de las mismas, con el fin de que los vecinos no alteren las redes como lo hacen en la actualidad”. La culpa, parece, es del chancho.

Clarín