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Referentes de comunidades indígenas se reúnen en Tartagal y consensuaron la “Declaración por el derecho a la Salud integral de los pueblos originarios”

05/03/22

En el marco del Encuentro de Salud Intercultural organizado por las comisiones directivas de Misión La Loma, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo Infancia en Deuda- y la Asociación Civil Pata Pila -ejecutores del Proyecto “Llegar al Norte” co-financiado por la Unión Europea-, se reunieron 80 líderes de comunidades originarias de las localidades de San Martín, Orán y Rivadavia, integrantes de las etnias wichí, ava guaraní, chorote y toba, a fin de discutir sobre la problemática de salud desde una perspectiva integral, y reclamar por una pronta reglamentación de la Ley de Salud Intercultural N° 7.856.

En la primera etapa del Encuentro se realizó un trabajo en comisiones, con miras a diagnosticar algunas problemáticas de contexto que impactan en el derecho a la salud, como son la situación de las niñas, niños y adolescentes, el acceso al agua y la situación territorial y productiva. Luego de ello, se realizó un taller jurídico sobre la Ley de Salud Intercultural, la acción de amparo presentada en pos de su cumplimiento y la medida cautelar vigente. Finalmente, cuatro comisiones discutieron en torno al contenido deseable de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo provincial.

A modo de cierre del evento, las comunidades originarias acordaron la redacción y firma de la “DECLARACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”. Entre otros asuntos clave, el documento destaca que transcurridos dos años de declarada la emergencia socio-sanitaria, la situación que le dio origen en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida. En particular, despierta especial preocupación la situación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemas actuales vinculados a la educación -especialmente en materia de acceso, calidad, interculturalidad y aquellas vinculadas a los impactos de la pandemia-, a la nutrición y a los consumos problemáticos, entre otros.

Finalmente, las y los líderes de las comunidades decidieron dirigirse: “al conjunto de decisoras y decisores públicos con responsabilidad en estas temáticas, a fin de exigirles que asuman el papel que les toca en la implementación de aquellas medidas necesarias para terminar con la situación de vulnerabilización a la que se encuentran sometidas nuestras comunidades, reviertan la discriminación estructural, y garanticen condiciones de igualdad y el acceso efectivo al conjunto de los derechos humanos.”

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