18.01.22 // Novedades, NOVEDADES

¿Qué hicimos por la igualdad y la justicia en 2021?

En ACIJ trabajamos por una sociedad justa e inclusiva, capaz de revertir la pobreza y la discriminación contra grupos vulnerabilizados, que garantice a todas las personas el derecho a ser tratadas como iguales y a contar con instituciones democráticas y transparentes que brinden posibilidades reales de participar e influir en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.

En 2021, la crisis económica y social que desde hace años atraviesa nuestro país y que se profundizó como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, impactó drásticamente en nuestras instituciones y en el acceso a derechos de las poblaciones con las que trabajamos. En este contexto, impulsamos una pluralidad de iniciativas para fortalecer nuestra democracia y revertir las graves situaciones de desigualdad y discriminación que afectaron a ciertos colectivos

Fue con ese objetivo que reforzamos nuestro trabajo con diversas comunidades desaventajadas en pos del empoderamiento jurídico de sus integrantes. Entre otras acciones, lanzamos un ciclo de capacitaciones prácticas en derechos humanos, a fin de que referentes y referentas de asentamientos informales cuenten con herramientas para promoverlos y defenderlos en este contexto. Además, expandimos esta estrategia por fuera del AMBA. En Salta, por ejemplo, implementamos una serie de talleres sobre abordajes interculturales para asegurar los derechos de las infancias pertenecientes a las comunidades originarias. A su vez, trabajamos con estos grupos y otros (migrantes, familias de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad) en la identificación de las principales barreras que enfrentan para el acceso a derechos con el propósito de crear una herramienta que les simplifique su ejercicio.

Paralelamente, continuamos trabajando en pos del derecho a la vivienda y contra la segregación socio-urbana que sufren quienes habitan en villas. Realizamos diversos informes para visibilizar algunas de las problemáticas habitacionales de mayor relevancia, tales como el acceso al alquilerlas personas en situación de callelas viviendas ociosas y los procesos de reurbanización en villas de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, publicamos el documento “La pandemia en la Villa 31”, en el que analizamos las medidas tomadas por el Estado y las acciones llevadas adelante por la comunidad frente a la crisis sanitaria en este barrio popular porteño. Asimismo, profundizamos nuestra labor para reducir la brecha digital, que afecta gravemente a personas que viven en villas y asentamientos informales, y que durante la pandemia repercutió particularmente sobre niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Obtuvimos un fallo histórico que condena a una empresa privada a proporcionar información sobre su servicio de internet en villas, y denunciamos la deficiente asignación de notebooks en las escuelas por parte del Estado.

Junto a la comunidad indígena Wichi Misión La Loma, demandamos al Estado salteño por incumplir la Ley de Salud Intercultural N° 7.856 y violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios, reclamando que se implementen políticas de salud adecuadas que permitan atender el déficit nutricional y sanitario que afecta a estas poblaciones. 

Desde el colectivo Infancia en Deuda, elaboramos un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde analizamos su funcionamiento y recomendamos avanzar en ciertas cuestiones urgentes dada la crisis social y sanitaria causada por la pandemia, que profundizó las desigualdades que sufren las niñeces y adolescencias. 

2021 también fue un año en el que trabajamos fuertemente en pos de los derechos de las personas con discapacidad. Recientemente logramos, junto a otras organizaciones, un avance histórico para sus derechos sexuales y (no) reproductivos, cuando el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Contracepción Quirúrgica, dando de este modo un paso fundamental para terminar con las esterilizaciones forzadas. 

En el marco de la Red Regional por la Educación Inclusiva, lanzamos un curso con el objetivo de brindar a docentes de América Latina y el Caribe herramientas teóricas y prácticas para promover la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas regulares. A nivel local, a partir de una demanda judicial, conseguimos que se creara un mecanismo para denunciar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y que estas sean obligadas a publicar que tal práctica constituye un acto de discriminación.

Junto a Asociación Azul, lanzamos “Sin Barreras”, un concurso de arte que busca visibilizar la importancia de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la vida independiente y contribuir a que puedan tomar sus propias decisiones y vivir de acuerdo a sus deseos.

Asimismo, concluimos el Ciclo de Conversaciones sobre Salud Mental y Derechos Humanos, una serie de diálogos en el que personas usuarias de los servicios de salud mental, trabajadoras y trabajadores, activistas y especialistas en el tema identificaron los desafíos que tenemos a 10 años de la sanción de la ley 26.657. 

Con el propósito de crear un espacio de articulación, apoyo, incidencia y aprendizaje entre organizaciones y profesionales de la abogacía que trabajan por el acceso a los derechos y el empoderamiento jurídico de las personas o grupos vulnerabilizados en todo el país, lanzamos la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC). A su vez, realizamos cursos de Abogacía Comunitaria y Empoderamiento Jurídico, tanto para el contexto argentino como para el resto de América Latina, dirigido a abogados y abogadas del país y de la región que tuvieran interés en hacer que el derecho sea una herramienta para lograr sociedades más justas, igualitarias e inclusivas, promoviendo que todas las personas puedan conocerlo, usarlo y (trans)formarlo.

Junto a organizaciones líderes en materia de acceso a la justicia en la región, impulsamos la iniciativa hacia un Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia, que recopila propuestas de reformas necesarias para remover las barreras que obstruyen las posibilidades de los grupos vulnerabilizados de encontrar soluciones a sus necesidades jurídicas. 

Este año también impulsamos acciones para avanzar hacia una democracia que promueva la participación ciudadana y que luche contra fenómenos como la corrupción y la captura del Estado. Así, lanzamos el Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma que le permite a la sociedad civil conocer y monitorear la forma en que se llevan adelante estas investigaciones penales y, de ese modo, promover la rendición de cuentas por parte del funcionariado público y, en particular, del Poder Judicial. A mediados de año, convocamos a especialistas nacionales e internacionales a participar de la Conferencia Anticorrupción 2021, cuyos debates se pueden ver acá.

Para visibilizar las debilidades del sistema de justicia argentino lanzamos “Justa”, una plataforma que concentra información clave sobre concursos y procesos disciplinarios sobre jueces y juezas, y que cuenta, además, con artículos de opinión y entrevistas sobre el tema que se publican semanalmente. A su vez, realizamos un seguimiento de las distintas iniciativas de reforma judicial que se impulsaron durante el año, y pedimos judicialmente que se declare la inconstitucionalidad de los concursos judiciales cuyas ternas no incluyan mujeres.

En materia de acceso a la información pública, elaboramos el informe “Hacia la efectiva implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina”, en el que analizamos los avances en la implementación de esta norma en todos los poderes del Estado, e identificamos los desafíos pendientes. A su vez, nos movilizamos para que la nueva autoridad de la Agencia encargada de esta temática sea una persona idónea, independiente y con trayectoria en la defensa de este derecho.

Paralelamente, continuamos formando a integrantes de entidades de fiscalización superior de toda Latinoamérica, en pos de que se generen instancias de participación ciudadana en los organismos de control público.

Durante 2021, también profundizamos nuestro trabajo en materia de justicia fiscal. Relanzamos el Monitor Presupuestario para facilitar el análisis de los recursos que invierte el Estado nacional, y capacitamos a organizaciones y periodistas para que sepan utilizarlo y puedan incidir en la discusión del presupuesto desde una perspectiva de derechos humanos. Por otro lado, elaboramos informes trimestrales sobre la evolución de la ejecución presupuestaria, en los que difundimos información relevante para el control de la gestión pública por parte de la sociedad civil. 

En el marco de una nueva edición de la Semana de Presupuesto y Derechos, analizamos el presupuesto de políticas destinadas a garantizar la educación, el acceso a la vivienda, la igualdad de género, los derechos de las personas con discapacidad y a combatir la enfermedad de Chagas, entre otros temas. También fomentamos discusiones basadas en evidencia sobre impuestos subutilizados en Argentina y sobre cómo avanzar hacia un sistema tributario que contribuya a una distribución más justa de ingresos y riquezas, y proporcione recursos suficientes para la garantía de los derechos. 

Por otro lado, apoyamos la Edición Especial de la Revista “Derechos En Acción”, titulada “Fondo Monetario Internacional y Derechos Humanos”, con artículos y entrevistas de 48 autoras y autores que hacen aportes fundamentales para analizar las políticas fiscales a la luz de las obligaciones de derechos humanos. 

Este año también se cumplieron dos décadas del estallido social de 2001. Como en aquel momento, ahora nos encontramos en medio de otra crisis, de escala global, que abre enormes desafíos en términos del acceso a derechos y la igualdad. En tal sentido, quisimos recuperar el pasado para repensar el futuro. Con ese objetivo, en diciembre, realizamos el “Foro por la Igualdad: La democracia y los derechos a 20 años del 2001”un espacio en el que dialogaron líderes y lideresas comunitarias, especialistas del ámbito académico y activistas sociales. 

2022 indudablemente planteará nuevos desafíos para la democracia y los derechos, y desde ACIJ seguiremos trabajando para que todas las voces afectadas por la desigualdad sean incorporadas al ámbito de discusión de las políticas públicas, de manera tal que no pase un año más sin que:

  • Todas las niñeces y adolescencias estén protegidas por el Estado;
  • Se implementen políticas que garanticen el acceso a la vivienda;
  • Se ponga fin a la segregación de las personas con discapacidad;
  • Se garantice el acceso a la justicia de todas las personas en igualdad de condiciones;
  • Se discuta una reforma fiscal que promueva la redistribución de ingresos;
  • Se designe una autoridad al frente de la Defensoría del Pueblo y se alcance un sistema institucional fortalecido.

En 2022, seguiremos trabajando por la igualdad y la justicia.

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