La efervescencia de la movilización social en Latinoamérica signó el contexto de una región atravesada por algunas de las discusiones que nos resultan más relevantes: el desafío de construir democracias de mayor calidad en las que cada voz valga, que sean capaces de cuestionar la desigualdad creciente a nivel global y que se comprometan seriamente con garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas.
A nivel nacional, la crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país puso en el centro de la agenda la situación de algunos de los grupos más vulnerabilizados, en un contexto en el que el proceso electoral, y luego el recambio de autoridades estatales, dominaron el ritmo de la discusión pública.
En este marco, desde ACIJ buscamos que nuestras acciones estén signadas por un abordaje sistémico e integrado de los desafíos existentes para la democracia y para los derechos humanos, sobre la convicción de la necesidad de luchar contra las desigualdades a nivel político, económico y social. Abordamos ese desafío articulando acciones de generación de conocimiento, incidencia y litigio estratégico en el plano institucional y de la política pública, con un trabajo territorial articulado con las comunidades, colectivos y personas que sufren directamente los problemas que buscamos revertir.
Para conseguir esos objetivos, durante este año priorizamos el trabajo en relación a una serie de temáticas clave, y queremos contarles algunas de las acciones más relevantes que llevamos adelante en esas agendas.
Trabajamos por una respuesta adecuada a la emergencia habitacional y por la integración socio-urbana de las villas. Para ello, acompañamos a las y los líderes comunitarios de estos barrios populares, participando activamente en las Mesas en las que se discuten los procesos de reurbanización de los barrios Villa 20, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno, así como en el Consejo de Gestión del Barrio Mugica (ex villa 31-31 bis) -en virtud de la representación que encargó a ACIJ la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al sancionar la Ley 6129-. En Villa Inflamable trabajamos en nuestro Centro de Acción Legal Comunitaria, acompañando a la comunidad para canalizar sus necesidades jurídicas y atender los problemas que los afectan colectivamente. Respecto de la Villa 21-24, conseguimos que el Poder Judicial ordene al GCBA resolver el grave riesgo eléctrico que enfrenta el barrio, e imponga multas por los incumplimientos que afecten el acceso a un servicio adecuado por parte de sus habitantes (»). A su vez, sumamos a los barrios de Villa Inflamable, Rodrigo Bueno y La Carbonilla a los mapas que más utilizan sus habitantes, y ayudamos así a terminar con su invisibilización (»).
Junto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA implementamos un Programa de Formación en Derechos para Referentes de Barrios Populares, por el que las y los líderes comunitarias/os de distintas villas de toda la ciudad se formaron en las aulas universitarias, para poder defender mejor los derechos que habitualmente ven afectados en razón del lugar en el que viven (»).
Participamos del segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad, en el que se informó un aumento significativo de gente habitando en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, llegando este año a ser 7251 personas (»). A partir de ello, exigimos judicialmente que se implementen políticas públicas para brindar una solución habitacional adecuada al colectivo de personas en esta situación (»).
A su vez, apoyamos la sanción de una nueva ley de alquileres a nivel nacional, que proteja a quienes resuelven su situación habitacional por medio del mercado de alquiler. Se consiguió la media sanción del proyecto por parte de la Cámara de Diputados de la Nación -y espera por su sanción definitiva por parte del Senado- (»).
Trabajamos por un Estado abierto y participativo, capaz de escuchar las demandas de la ciudadanía y atender sus necesidades jurídicas. Cuestionamos las políticas que buscaron legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales, y buscamos mostrar sus impactos negativos para la construcción de una democracia de iguales (*). Conseguimos que, por primera vez, la totalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acceda a entregar sus declaraciones juradas patrimoniales, y las hicimos accesibles a toda la ciudadanía (»). Publicamos también las declaraciones juradas de los y las 12 juezas de “Comodoro Py” (»). Participamos e impulsamos la co-creación del 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado argentino, que consta de 16 compromisos basados en los pilares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, respecto de temáticas diversas de la gestión pública. Solicitamos información pública a numerosos organismos a nivel nacional y subnacional, reclamamos administrativa y judicialmente en los casos de resistencia estatal a entregar la información requerida, y conseguimos que se establezcan valiosos estándares respecto de la información pública que deben proveer empresas privadas prestatarias de servicios públicos (»). Junto a distintas organizaciones de la sociedad civil presentamos un amparo para que el Congreso Nacional designe a su responsable de garantizar el acceso a la información pública (»).
A su vez, lideramos un curso virtual sobre estrategias de participación ciudadana en las entidades de fiscalización superior de América Latina y el Caribe, del que participaron más de 60 representantes de Auditorías y Contralorías de toda la región (»).
Asimismo, impulsamos políticas sistémicas que mejoren las condiciones para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y toda desviación de recursos estatales para fines particulares. Para ello, reunimos a un grupo de organizaciones y especialistas y elaboramos el “Acuerdo Social Anticorrupción”, una hoja de ruta con 64 propuestas clave -distribuidas en 17 ejes temáticos- en materia de políticas de transparencia, rendición de cuentas e integridad en el sector público y privado, y convocamos a distintos líderes políticos y sociales a sumarse a la iniciativa (»).
Presentamos el “Acuerdo por el Acceso a la Justicia” en actividades en diversas provincias del país (»), así como ante funcionarias y funcionarios públicos encargados de impulsar las políticas propuestas (»).
Trabajamos para promover una política tributaria y presupuestaria más justa, transparente y participativa que revierta privilegios y se ocupe de los colectivos más desaventajados. Para ello, lanzamos el “Monitor Presupuestario”, una herramienta que permite conocer las prioridades y compromisos reales de los gobiernos con los derechos, a través del monitoreo ciudadano de los recursos que el presupuesto público destina a estas políticas. Publicamos la Guía de Análisis Presupuestario con perspectiva de género (»).
Paralelamente, buscamos visibilizar la situación en torno a privilegios fiscales -como los que benefician a judiciales y empresas extractivas, entre otros-. Aportamos a mejorar el debate público en torno a estos gastos tributarios, para lo cual llevamos adelante reclamos administrativos y judiciales para que la AFIP publique la información respecto de los y las beneficiarias, costos e impactos de estos privilegios (»).
Trabajamos por la protección de grupos especialmente vulnerabilizados, como lo son los y las niñas y las personas con discapacidad. Denunciamos que más de 9 mil niñas y niños se quedaron sin vacantes en el nivel inicial porteño este año, y exigimos judicialmente políticas que reviertan esta grave situación (»). Demandamos al Gobierno de la Ciudad por los rechazos de inscripción que enfrentan los y las niñas con discapacidad en escuelas privadas (»), y lanzamos el sitio web porunaeducacióninclusiva.org para ayudar a las familias a exigir el derecho a la educación inclusiva. Realizamos una investigación sobre los efectos de la privatización de la educación en la inclusión de las personas con discapacidad (») y, junto a la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI), nos presentamos en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la discriminación que sufren las niñas y los niños con discapacidad en los sistemas educativos de América Latina (»).
Junto a la coalición Infancia en Deuda impulsamos la designación de las primeras autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego de 14 años de vacancia, conseguimos que la Cámara de Diputados confirme a quien resultara seleccionada por concurso para el cargo -y actualmente esperamos la aprobación definitiva por parte del Senado de la Nación- (»).
En otra audiencia temática ante la CIDH denunciamos la situación de los y las usuarias de servicios de salud mental internados en hospitales psiquiátricos de nuestro país (»). En ese marco, el Estado argentino reconoció diversas violaciones de derechos humanos de la población manicomializada, y manifestó un compromiso con garantizar el cierre de este tipo de instituciones y su reemplazo por dispositivos de base comunitaria, tal como ordena la ley (»). A su vez, producto de la publicación de los resultados del esperado primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, pudimos mostrar a partir de sus datos las graves vulneraciones de derechos que enfrenta este colectivo (»). Asimismo, continuamos exigiendo judicialmente la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de la sentencia que obliga al Estado a crear dispositivos comunitarios de salud mental alternativos al manicomio.
Organizamos también diversas instancias de encuentro, discusión e intercambio de conocimientos. En octubre llevamos adelante la “Semana Presupuesto y Derechos”, donde discutimos en torno al presupuesto público y su impacto en el acceso a derechos sociales por parte de la ciudadanía (»). Con Infancia en Deuda, organizamos el festival #PorTusDerechos, por el que cientos de adolescentes se reunieron a participar de una expresión artística que puso en el centro de la discusión la necesidad de visibilizar los derechos de la infancia y la situación que actualmente enfrentan (»). Y en noviembre llevamos a cabo el Congreso Internacional “Derecho y Comunidades”, en el marco del cual discutimos con cientos de profesionales, activistas y referentes territoriales de la región y el país sobre la abogacía comunitaria, el empoderamiento jurídico y los usos del derecho para la defensa de los grupos desaventajados de toda América Latina (»), y presentamos la primera publicación colectiva dedicada al empoderamiento jurídico comunitario de la región (»).
Finalmente, a partir del reciente cambio de autoridades de gobierno a nivel nacional y la situación de grave crisis existente, buscamos poner en debate que la respuesta a la emergencia social y económica requiere de una deliberación pública abierta, inclusiva y participativa que proteja a los sectores más vulnerabilizados (»).
Esperamos un 2020 en el que gran parte de estas acciones y debates puedan expandirse aún más. Será un año para reafirmar el compromiso en pos de revertir un contexto de injusticia y desigualdad que se muestra tan amplio y desafiante, y por mejorar la calidad del debate público para que los cambios que se requieren puedan ser discutidos de un modo inclusivo, participativo y con el protagonismo de sus afectados.
Ante tamaño desafío, el trabajo que realizamos desde ACIJ constituirá siempre un aporte específico y acotado. Pero la propuesta que hacemos es, en la práctica, sumamente ambiciosa: construir una comunidad política que sea capaz de tomarse los derechos en serio.