30.12.20 // Novedades, NOVEDADES

¿Qué hicimos en 2020 por la igualdad y la justicia?

Las discusiones públicas más relevantes que este año se dieron en Argentina rondaron en torno a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus consecuencias, así como a la grave situación socioeconómica existente -que en nuestro país precede y se vio profundizada por la pandemia-.

Ambas crisis impactaron de un modo muy cruel en las poblaciones con las que trabajamos. Las personas en situación de calle y quienes habitan en villas no pudieron “quedarse en casa”, porque el derecho a la vivienda adecuada no les está garantizado. La desigualdad educativa se agravó por la falta de equipamientos, conectividad y medidas de accesibilidad necesarias, y de esta forma, mientras un sector de niñas, niños y adolescentes pudo sostener algún nivel de escolaridad, hubo otro grupo que tuvo casi nulo contacto con la escuela o perdió por completo la continuidad pedagógica. A su vez, la falta de presencialidad en las escuelas tuvo consecuencias directas en el derecho a la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes que solían recibir varias de sus comidas durante la jornada escolar, e impactó duramente sobre el importante rol de estas instituciones en la prevención de las violencias. La situación de las personas que viven en condiciones de encierro en hospitales psiquiátricos se vio particularmente afectada durante los primeros meses de aislamiento, al restringirse su contacto con familiares y personas cercanas, y al no asegurarse a esta población la disponibilidad de elementos de higiene y cuidado. Quienes necesitaron del Poder Judicial para resolver sus necesidades jurídicas, vieron como éste se limitó durante meses a atender sólo cuestiones de extremísima urgencia.

En ese contexto, si bien en un principio los distintos sectores de la política mostraron niveles de consenso elevados, ello se diluyó rápidamente, resultando marcada su dificultad para ponerse de acuerdo en cuestiones muy elementales tales como el modo en que debía funcionar el Congreso, los niveles de delegación de facultades que resultaba razonable que el Poder Ejecutivo asumiera durante la emergencia, la definición sobre el modo en que debía financiarse el gasto estatal adicional que la crisis suponía, o cuánto espacio había para que en Argentina se discutieran temas ajenos a la cuestión sanitaria.

Este marco tampoco fue excluyente de otras discusiones clave para la agenda de ACIJ, que también atravesaron muy marcadamente la agenda pública -como lo fueron la reforma judicial o la carga impositiva aplicable a las grandes fortunas-, y dieron lugar a que -pese a una coyuntura tan particular- se pusiera en debate el funcionamiento de  instituciones y herramientas fundamentales de nuestra democracia. En los últimos meses se sumó a ello una nueva posibilidad de que el Congreso discuta una ley de interrupción voluntaria del embarazo que habilite abortos legales, seguros y gratuitos.

Desde ACIJ hicimos en 2020 lo mismo que cada año: trabajar para transformar la realidad injusta en la que vivimos. En esa labor, nos propusimos reflexionar sobre el nuevo tiempo que nos toca vivir, identificando “siete problemas del mundo que el Coronavirus nos ayuda a ver”. 

Al comienzo de la pandemia, nos aliamos con un grupo de organizaciones para brindar información legal en tiempos de COVID-19, destinada a determinados grupos en situación de mayor vulnerabilidad: personas con discapacidad, habitantes de barrios populares, niñas, niños y adolescentes y mujeres.

Dado el gravísimo impacto que la situación de pandemia y aislamiento provocó en las personas sin acceso adecuado a internet, nos ocupamos fuertemente del problema de la brecha digital en Argentina y el continente. Lanzamos “Acá NO hay Internet”, una plataforma que permite visibilizar la falta y el déficit de las conexiones a Internet en toda América Latina. Al mismo tiempo, conseguimos una orden judicial para que en la Ciudad de Buenos Aires se provea internet en todas las villas y se entreguen computadoras en préstamo a estudiantes en situación de vulnerabilidad: más allá de que la sentencia fue luego parcialmente revocada y el problema aún no ha sido resuelto, se generó un antecedente jurisprudencial importantísimo en la materia. A su vez, demandamos a la empresa Telefónica por ocultar información pública sobre su servicio de internet en las villas, y realizamos un ciclo de conversatorios sobre “Conectividad, igualdad y acceso a derechos” con eventos específicos para discutir los impactos de la brecha digital sobre la educación y sobre quienes habitan en barrios populares.

Seguimos trabajando en pos del derecho a la vivienda y contra la segregación socio-urbana que sufren quienes habitan en las villas. Con las primeras medidas de aislamiento, lanzamos la campaña #LaViviendaEsUnDerecho, recordando que “para quedarse en casa, es necesario tener una”; adaptamos la plataforma Caminos de la Villa para permitir acceder a información actualizada sobre los barrios populares en el contexto de pandemia; e impulsamos un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos -que fue adoptado por orden judicial en la Ciudad de Buenos Aires-. Asimismo, generamos una alianza de organizaciones de la sociedad civil para realizar una serie de capacitaciones legales y sanitarias relacionadas con la pandemia, destinadas a líderes/as comunitarias/os de barrios populares de todo el país.

En noviembre, lanzamos el primer curso online sobre “Abogacía comunitaria y Empoderamiento jurídico en Latinoamérica”, a fin de estimular la construcción de capacidades en torno a este modo de ejercer la abogacía. Ese mismo mes organizamos “El AMBA bajo la lupa”, un encuentro sobre problemáticas habitacionales en contexto de COVID-19, con la visita virtual de la ex relatora sobre derecho a la vivienda de Nacionales Unidas.

A su vez, en la primera mitad del año nos ocupamos fuertemente de impulsar mejoras en el texto de la nueva Ley Nacional de Alquileres, finalmente sancionada en junio. Y en las últimas semanas del 2020, se acordó la creación de una mesa de trabajo sobre personas en situación de calle integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante todo el año trabajamos en pos de una política fiscal justa, tanto en los aspectos tributarios como presupuestarios. Publicamos un documento de aportes para una política fiscal respetuosa de los DESC en el contexto de pandemia global, y nos pronunciamos junto a un grupo de organizaciones de la región sosteniendo que “una respuesta integral a la COVID-19 exige políticas fiscales redistributivas”. Publicamos un documento en el que analizamos cómo avanzar hacia un sistema tributario progresivo. Discutimos en torno a la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas, e identificamos aciertos e inconvenientes del proyecto oficial, elaborando un pronunciamiento de organizaciones latinoamericanas sobre el tema, así como identificando una serie de mitos sobre el pago de impuestos en Argentina. A su vez, confeccionamos un documento de recomendaciones para una regulación de los gastos tributarios con enfoque de derechos, y conseguimos que el Poder Judicial ordene hacer público qué empresas recibieron beneficios fiscales por parte del Estado.

En materia de análisis presupuestario, en mayo se presentaron los resultados para Argentina de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que compara más de 200 indicadores para evaluar el acceso a la información fiscal de los Estados y la participación en el proceso presupuestario. En octubre realizamos la sexta edición de la “Semana Presupuesto y Derechos”, para debatir en torno al presupuesto público, desde una perspectiva de derechos. A partir de ello, analizamos el proyecto de Presupuesto 2021 -tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires- y compartimos nuestros principales hallazgos. A su vez, durante el año realizamos un ciclo de capacitaciones sobre análisis presupuestario con perspectiva de género y otro sobre análisis de la inversión para erradicar la violencia de género, y publicamos una guía para el análisis presupuestario de políticas contra la violencia de género en Argentina.

Seguimos impulsando una democracia de mayor calidad, con instituciones fuertes y confiables: tras 11 años de acefalía, logramos que el Poder Judicial intime al Congreso de la Nación a iniciar el proceso de designación de una Defensora o Defensor del Pueblo. Al mismo tiempo, buscamos problematizar y revertir el fenómeno de la corrupción, desde una perspectiva de derechos humanos. Lanzamos “Romper la Rueda”, un podcast sobre corrupción para Argentina y América Latina cuya primera temporada cuenta con 10 entrevistas a personalidades destacadas que trabajan estas temáticas en la región. Nos preocupamos por las compras de emergencia durante la pandemia, y requerimos que se realice un control en tiempo real del uso de los recursos públicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, tras años de reclamos, conseguimos que el Gobierno de la Ciudad haga pública la información sobre la totalidad de su personal y remuneraciones; mientras que, en la Provincia de Buenos Aires, lanzamos junto a otras organizaciones el proyecto IMPACTAR, por una agenda de transparencia, rendición de cuentas y ética pública a nivel provincial.

Asimismo, accedimos e hicimos públicas nuevas declaraciones juradas patrimoniales de la Corte Suprema, y elaboramos el documento “diagnóstico y recomendaciones para un nuevo sistema de presentación y publicación de DDJJ de la Corte”. Presentamos también ante la Corte una serie de recomendaciones para la administración y destino de bienes recuperados de actividades delictivas en Argentina.

A lo largo del año, intervinimos fuertemente en el debate sobre reforma judicial que se dio en nuestro país. Previo a conocer el contenido de la iniciativa gubernamental, elaboramos el documento “Una discusión abierta e integral para la reforma del Poder Judicial”, con una serie de miradas y propuestas sobre algunos de los desafíos más relevantes para la construcción de un Poder Judicial accesible, igualitario, independiente, transparente y comprometido con los derechos. Al mismo tiempo, sumamos información al debate público, elaborando un informe de análisis sobre los procesos de selección de jueces y juezas y más adelante un informe sobre los procesos disciplinarios en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Paralelamente, realizamos una serie de conversatorios denominados “Reformar la justicia”, en los que debatimos con especialistas nacionales e internacionales sobre los desafíos más relevantes de este poder del Estado.

Una vez que los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de justicia se hicieron públicos, desde ACIJ nos posicionamos en torno a ellos, presentamos un documento de observaciones al proyecto de reorganización judicial y luego una serie de consideraciones sobre las reformas propuestas para los organismos del Ministerio Público. Asimismo, junto a distintas organizaciones de Latinoamérica requerimos y participamos de una audiencia ante la CIDH sobre los desafíos y obstáculos para el funcionamiento de los sistemas de justicia durante la pandemia y en otra audiencia para abordar la situación actual de las fiscalías en la región.

Paralelamente, reunimos a un grupo de organizaciones para elaborar el reporte “Acceso a la Justicia en Latinoamérica durante la pandemia de COVID-19”, en el que 42 organizaciones de 17 países identificaron los principales obstáculos que los grupos desaventajados atravesaron para poder defender sus derechos en este nuevo contexto. Durante 2020, ACIJ fue elegida junto al Consejo de la Magistratura de la CABA para formar parte de la Red de Líderes de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Este año también trabajamos fuertemente por los derechos de las personas con discapacidad. En julio lanzamos discapacidadyderechos.org.ar, un sitio web que busca ayudarlas a exigir el cumplimiento de sus derechos y que cuenta con más de 100 modelos de reclamo que pueden descargarse gratuitamente. Más tarde lanzamos junto a otras organizaciones la campaña
#BastaDeEsterilizacionesForzadas
, exigiendo que se ponga fin a la práctica de esterilizar personas con discapacidad sin su consentimiento.

Como venimos haciendo hace años, apostamos por el diseño e implementación de políticas públicas que permitan alcanzar sistemas educativos inclusivos en Argentina y en los países de la región, a la vez que tratamos de generar conciencia sobre la necesidad de que personas con y sin discapacidad se eduquen juntas en escuelas que valoren la diversidad. A nivel regional, como integrantes de la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) participamos en la elaboración de los informes “El derecho a la educación inclusiva en América Latina” y “Disponibilidad de información para el monitoreo del ODS 4 en América Latina”, y organizamos una serie de webinarios -que llegaron a más de 25.000 personas- para generar conocimiento sobre este paradigma educativo. A nivel local, lanzamos una campaña para exigir el restablecimiento de los apoyos para la inclusión en la escuela, nos pronunciamos contra el ajuste en las prestaciones a cargo de los agentes del sector salud, y conseguimos dos sentencias históricas para poner un freno a la discriminación en escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires (una en primera instancia y otra en segunda instancia).

A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, lanzamos la plataforma “Argentina Sin Manicomios”, con el fin de exigir el cumplimiento de la norma y desarticular los prejuicios que pesan sobre las personas con discapacidad psicosocial. Presentamos dos documentos que buscan reflexionar sobre la implementación de la ley y hacer propuestas para cumplirla: “10 años, 10 deudas. Desafíos actuales para cumplir la Ley Nacional de Salud Mental” y “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: propuestas para saldar una deuda histórica”. A su vez, lanzamos una campaña comunicacional para problematizar el encierro, organizamos el Ciclo de Conversaciones “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: avances, retrocesos y desafíos”, y nos presentamos ante la CIDH para solicitar la externación de emergencia de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos.

En pos de los derechos de niños, niñas y adolescentes comenzamos 2020 celebrando que, tras años de reclamos en conjunto con las organizaciones de la coalición #InfanciaEnDeuda, por primera vez se haya puesto en funcionamiento la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. A partir de su designación, monitoreamos el funcionamiento de tan relevante institución de defensa de derechos. Paralelamente, después de reclamar durante 12 años, conseguimos que se construya una nueva escuela en Moreno, para la comunidad de Cuartel V. También logramos que se condene al Estado por no haber dado razones públicas en 2019 sobre las suspensiones de vacunas a los 11 años de edad. A su vez, frente a los alarmantes números de la pobreza infantil, nos propusimos impulsar mejoras en la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), para lo cual realizamos un informe de análisis presupuestario que ayudó a mostrar la importancia de incrementar la inversión estatal en esta política pública. 

Finalmente, este fue un año con cambios importantes también para la vida institucional de ACIJ: iniciamos el año con la elaboración de nuestro nuevo Plan Trienal 2020-2022 y con una nueva conformación de nuestra Co-Dirección Ejecutiva, y lo cerramos con el fortalecimiento de la presencia de ACIJ en otras provincias, comenzando a trabajar sobre temáticas de niñez en Salta.

2021 puede ser el año en que no haya más niñas y niños que no acceden a la AUH. Puede ser el año en que los gobiernos cumplan su deber de destinar el 6% del PBI a la educación y de impulsar reformas para revertir las desigualdades que subsisten en este campo. Puede ser el año en que se haga realidad la promesa de una Argentina sin manicomios. Puede ser el año en que se termine la acefalía de la Defensoría del Pueblo. El año en que se generen las condiciones de accesibilidad para terminar con la brecha digital existente. Puede ser el año de una reforma integral del sistema de justicia, para tener un Poder Judicial abierto, transparente, independiente, accesible y comprometido con los derechos. Puede ser el año de una reforma tributaria que contribuya a revertir la desigualdad económica y que inaugure un sistema impositivo sencillo y transparente. Puede ser el año en que se desarrollen políticas de acceso a la vivienda para que nadie tenga que vivir en la calle, y en el que se inicien procesos de integración socio-urbana de todos los asentamientos del país, que restituyan los derechos del 10% de la población que allí habita.

2021 puede ser el año en que ocurra todo eso, o puede seguir todo igual. Que suceda una cosa o la otra depende en gran medida de la voluntad política de quienes detentan posiciones de poder. Pero también depende de la capacidad de la ciudadanía para articular sus reclamos e iniciativas en pos de fortalecer la democracia y construir una sociedad que se tome los derechos en serio.

En 2021, seguiremos trabajando por la igualdad y la justicia.


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