Presupuesto: que no haya privilegios

Por primera vez, el Proyecto de Presupuesto 2023 incorporó un anexo que propone la revisión de algunos gastos tributarios. Anualmente casi el 3% del PBI se destina a sostener un conjunto de beneficios fiscales de grupos y sectores que no se revisan, evalúan ni justifican en base a evidencia. El mismo Proyecto prevé un recorte del gasto público de casi el 9% y un aumento de las asignaciones al pago de deuda y seguridad y defensa. En ese marco es que se incorpora el debate en torno a la reducción de beneficios impositivos.

Año a año el Estado deja de recaudar un monto de dinero equivalente a 3.664.818 millones de pesos por gastos tributarios, más de 5 veces la inversión en la Asignación Universal por Hijo/a (AUH). Algunos de esos beneficios los reciben grandes empresas y sectores concentrados de la economía.

Es necesario encarar el debate considerando tanto las actividades que se fomentan a través de exenciones y regímenes tributarios especiales (como industrias extractivas, de energías no renovables, de la economía del conocimiento, de la industria naval, entre muchas otras), como la necesidad de justificar y evaluar estrictamente los efectos económicos, sociales y ambientales de los gastos tributarios.

Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal reconocen que la política fiscal es trascendental para la realización de los derechos humanos ya que permite obtener recursos para financiar políticas públicas; redistribuir el ingreso y la riqueza; fortalecer la representatividad de un gobierno y sus instancias de rendición de cuentas; promover determinadas conductas, como el cuidado del ambiente, o desincentivar otras, como el consumo del tabaco.

Para que los gastos tributarios sean justos y no generen privilegios, el Estado debe:

1- Garantizar que tengan enfoque de derechos humanos y de género.

2- Debatirlos en profundidad y revisarlos a través de procesos transparentes, participativos y basados en evidencia.

3- Publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios.

4- Institucionalizar la realización de evaluaciones de impacto.

5- Eliminar aquellos que no tengan justificación o sean inequitativos.

La discusión que se plantea dar el Congreso este año debería contemplar estas premisas.