Se presentó el Acuerdo por el Acceso a la Justicia en Mendoza

El día 29 de abril se reunieron diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos/as, referentes barriales y comunitarios y funcionarios/as públicos de distintos organismos para debatir sobre la factibilidad de implementar las propuestas de políticas públicas que contiene el Acuerdo por el acceso a la Justicia. La actividad se realizó en la Universidad de Congreso de Mendoza.

El Acuerdo por el Acceso a la Justicia es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, que tiene por objetivo promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población, especialmente de aquellos grupos y/o colectivos en situación de vulnerabilidad. El Acuerdo es un documento ampliamente consensuado con más de 80 organizaciones sociales del país y se constituye como una hoja de ruta en relación los procesos de reforma que son necesarios implementar para asegurar el acceso a la justicia y garantizar derechos.

Durante la jornada, las y los participantes analizaron la factibilidad de implementar las propuestas que contiene el acuerdo en el ámbito local y provincial, destacando la relevancia que el documento implica para la exigibilidad de derechos.

En esta línea, se abordaron los principales desafíos que debe afrontar el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para suprimir las barreras de accesibilidad a la justicia. Se presentaron las propuestas de políticas públicas que de implementarse permitirían garantizar un a asistencia jurídica accesible y de calidad; así como las propuestas para mejorar la accesibilidad del poder judicial, tanto en lo relativo a las reformas de gestión como procesales.

A su vez, se plantearon acciones para mejorar los mecanismos alternativos de solución de conflictos y se relataron propuestas locales; se destacó la necesidad de implementar políticas públicas que tiendan al empoderamiento legal comunitario y garanticen la plena participación social de la ciudadanía. Y se mencionaron las propuestas de políticas públicas para las instancias administrativas.

También se abordaron las propuestas de políticas públicas para la protección de grupos vulnerabilizados por acciones u omisiones del Estado, como personas con discapacidad, migrantes y refugiados, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. A la vez que se difundieron las propuestas para asignar presupuesto suficiente, transparente y no discrecional, y cómo puede la ciudadanía ejercer controles para gestiones transparentes. Además, se expusieron las propuestas para los y las trabajadores, en particular se expresó la situación de especial vulnerabilidad de las trabajadoras de casas particulares frente a todo tipo de violencias (económica, simbólica, institucional y física).

Durante el encuentro, se abordó la necesidad de iniciar procesos de reformas, pero considerando que no pueden ser positivos si no se acompañan de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía. Además, se destacó la necesidad de generar instancias de coordinación interinstitucional por parte de las instituciones de la administración de justicia y otros actores estratégicos. Para ello, el “Acuerdo por el acceso a la justicia”, se constituye como una herramienta fundamental en manos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.

La mesa de diálogo fue organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); OIKOS Red Ambiental, Centro de estudios prospectivos (CEP); XUMEK; FADE, Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (AAAA) en el marco de la campaña Justice for All.

Participantes:  Marcelo Juan Zanettini, Universidad de Congreso (UC);   María Natalia Echegoyemberry (ACIJ); Agustín Sánchez Mendoza (OIKOS Red Ambiental); Gabriel Escobar Blanco (CEP); Lucas Lecour, Antonella Marino, Leandro Rodriguez Pons, Emilia Corral, Mercedes Duberti, Nushpi Mayhuey (XUMEK):  Enrique Viale (AAAA), Emanuel Saldi (UC) y Superior Tribunal de Justicia de Mendoza; Gabriela Martinez; Paola Fernández, Comisión de Mediación del Colegio de abogados de Mendoza; Julieta Lavarello, Asambleas por el Agua de Mendoza; Federico Lorite, Movimiento Dignidad; Carlos Russo, Asamblea por el Agua Pura de Las Heras y Grupo GAIA; Roberto Bataller, Miguel Mayhuay y Anahí Alancay integrantes las de comunidades Queshua y Kolla; Cintia Coronel, Comisión de derecho laboral del Colegio de Abogados; Valeria Chiavetta, Fundación Ecuménica de Cuyo;  Milagros Noli y Dolores Presas, Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia; José Perlino, Julieta Rojas y Pablo Garciarena (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal (MPF); Bruno de Pasquale, Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJYDHN) y otros participantes de la sociedad civil.