PROGRAMAS02.11.12
ACIJ / PROGRAMASPreocupación ante el proceso de reforma del sistema interamericano de Derechos Humanos
02/11/12
Documento de ONGs sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se está llevando a cabo en el ámbito del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En particular, nos preocupan ciertas propuestas que podrían afectar la autonomía e independencia de la Comisión o su capacidad de acción ante violaciones de derechos humanos. Por ello, llamamos la atención a la ciudadanía y a las autoridades sobre la necesidad de defender al sistema.
Este miércoles los Estados se presentaron en una audiencia sobre el proceso de fortalecimiento dentro del 146º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las propuestas que la Argentina presentó en dicha ocasión, lejos de disipar nuestras dudas respecto de su posición, las refuerzan. Si bien nuestro país ha apoyado históricamente el trabajo de la CIDH y ha reconocido su rol importante en la transición a la democracia, ciertas propuestas adelantadas por el Estado podrían resultar problemáticas y debilitar, en lugar de fortalecer, a los organismos del sistema.
En efecto, la Argentina ha propuesto reformas a la capacidad de la Comisión y sus relatorías de recibir financiamiento específico por medio de donaciones. Ello afectaría una fuente de ingresos que hoy en día es vital para el funcionamiento diario de la Comisión. Sin esos fondos, la Comisión debería dejar de atender temáticas específicas mediante la realización de estudios financiados por medio de fondos de la cooperación internacional. Ello afectaría enormemente a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas.
Asimismo, la Argentina ha señalado que la Comisión debe convertirse en un mecanismo de perfeccionamiento institucional en vez de ser percibido como “mera herramienta contenciosa”. Si bien consideramos que es positivo fortalecer las vías de diálogo y mediación por vía de los procesos de solución amistosa –como propuso la Argentina—no hay que perder de vista la importancia que tuvo, tiene y tendrá el sistema de protección con base en el procedimiento de peticiones individuales: él depende pura exclusivamente de la confianza depositada en el sistema por los ciudadanos y ciudadanas de las Américas. Como demuestra el creciente número de peticiones, las víctimas confían en el sistema.
Nuestro país también ha hecho apreciaciones indudablemente positivas, como la necesidad de universalización del sistema interamericano promoviendo la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de aquellos países que aún no lo han hecho, o la necesidad de crear nuevas relatorías especiales sobre distintos temas y derechos siguiendo el modelo exitoso de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Sin embargo, y más allá de los detalles técnicos de esas propuestas, lo que más nos preocupa de la posición argentina es que no adoptó una posición fuerte de defensa del sistema como hizo históricamente. En efecto, nuestro país ha reconocido a la CIDH una deuda histórica que se vincula con su trascendental rol en la transición a la democracia. Entendemos que esa deuda nos obliga como país a respaldar al sistema en el momento en que más lo necesita. Ese respaldo debe ser expreso, incondicional e inequívoco.
Las organizaciones firmantes consideramos que la situación es de gravedad y merece la más amplia e inmediata atención de la ciudadanía. La CIDH y la Corte han sido actores importantísimos para la protección de nuestros derechos a la libertad de expresión y asociación, a las garantías judiciales y al debido proceso, a la verdad respecto de violaciones masivas de derechos humanos, entre muchos otros. Asimismo, ha promovido estándares sobre los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de la diversidad sexual y el respeto a un medio ambiente sano, entre otros.
Como organizaciones argentinas consideramos que nuestro Estado tiene la obligación de sostener una postura de defensa y compromiso expreso e inequívoco con el sistema interamericano.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012