Organizaciones sociales lanzaron una red de abogacía que promueve derechos de las comunidades

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, junto a otras asociaciones de defensa de derechos humanos, impulsaron la formación de la RAAC, que se propone “enfrentar con estrategias colectivas los grandes obstáculos que existen a la hora de ejercer la abogacía social”.

Una sensibilidad diferente a la hora de abordar la defensa jurídica de colectivos vulnerabilizados y el trabajo sinérgico para promover el acceso a derechos y el empoderamiento jurídico de esos grupos y las personas que pertenecen a ellos, son los ejes principales de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), lanzada a mediados de este mes y conformada por un grupo de organizaciones sociales.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a otras asociaciones y organizaciones de defensa de derechos humanos, como Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Techo, impulsaron la formación de la RAAC, la cual también se propone “enfrentar con estrategias colectivas los grandes obstáculos que existen a la hora de ejercer la abogacía social”.

Con ese objetivo, la semana pasada fue lanzada una convocatoria a profesionales y agrupaciones de todo el país para sumarse al entramado jurídico, en el que también participan Capibara (Asociación civil de profesionales y estudiantes de derecho por una justicia ecológica), la Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), Xumek (una organización de Derechos Humanos con base en Mendoza) y Abogados y Abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes).

📣 Presentamos la Red Argentina de Abogacía Comunitaria

Un espacio de articulación, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del derecho, que trabajamos por el empoderamiento jurídico de los grupos vulnerabilizados.

¡Sumate! https://t.co/vuDQ0IlDJc pic.twitter.com/VEjRwhnFJ9

— ACIJ (@ACIJargentina) July 23, 2021

“Estamos impulsando este grupo promotor de una red de abogacía comunitaria porque veíamos que había ciertas barreras que tenían las comunidades y limitaciones en el ejercicio profesional que teníamos que suprimir a partir de la conformación de un espacio de articulación, de apoyo y de aprendizaje entre profesionales del Derecho de todo el país, porque lo pensamos con una impronta federal”, señaló en diálogo con Télam Natalia Echegoyemberry, represente de ACIJ.

La letrada precisó que el objetivo de esa red apunta a “generar alianzas, sinergias y solidaridades entre organizaciones sociales y profesionales que trabajan en el campo de la abogacía comunitaria”.

Remarcó además que si bien hay jurisdicciones con un trabajo de campo en este sentido, no es algo que se replique en todo el territorio.

“Por eso es necesario motivar la generación de esta red, en la que se pueda visibilizar las experiencias locales, que sirva de punto de reflexión de nuestras prácticas para mejorar las condiciones del ejercicio de la abogacía, que realmente sea un orgullo ser abogado”, apuntó Echegoyemberry.

Asimismo, la activista hizo hincapié en la necesidad de una mirada “con una sensibilidad diferente a la tradicional”, una lectura de la situación desde los derechos humanos de cada comunidad, poniendo por delante “derechos y necesidades comunitarias”.

“En este sentido -apuntó- tenemos un gran desafío desde la formación, la Facultad te enseña a ejercer el derecho con una distancia, con un abordaje específico, pero necesitamos involucrarnos, estar con los grupos vulnerabilizados y poder compartir un lenguaje dialógico donde no colonicemos a las comunidades sino que trabajamos juntos y juntas, colectivamente”.

En este sentido apuntó que “desde la red queremos poder discutir las condiciones de cómo nos están formando y lo indispensable que es respetar también las miradas y distintas perspectivas”; de este modo “podemos ser un puente entre las comunidades y el Estado y la forma en cómo éste diseña las políticas públicas, justamente con este enfoque”.

Por su parte, Nicolás Rallo, responsable ejecutivo de RePAD Mendoza, aseguró que como organización los movilizó a formar parte del equipo promotor de esta red “el ver cómo responde la Justicia y cuál es la realidad de Justicia de las personas y colectivos vulnerables”.

En ese sentido, aseguró que unos de los principales objetivos a la abogacía comunitaria es plantearla “como un campo de acción o un campo de la ciencia del derecho más autónomo en el que los profesionales y las organizaciones se puedan involucrar de una forma más activa y más aplicada a trabajar con la comunidad para que esta tenga acceso a la Justicia”.

“La Justicia está hecha a la medida de quienes hoy pueden acceder a la Justicia, no se plantea como un diálogo con las comunidades, por ejemplo aborígenes, de mujeres, de personas trans, por eso lo que la red viene a proponer es un cambio de paradigma para poder modificar estas instancias y todas las instancias administrativas en las que las personas tengan problemas jurídicos”, explicó Rallo.

Asimismo, el joven enfatizó en que “desde el Estado hay herramientas para aquellas personas que no tienen recursos -como asesorías jurídicas gratuitas-. Sin embargo, aunque está la herramienta, se ubica lejos de los barrios, o no tienen un lenguaje adecuado, o manifiestan violencia simbólica en contra de las personas trans o niños, niñas y adolescentes”.

Por eso, consideró que las organizaciones deben funcionar como un “brazo adicional” en la coordinación “entre el barrio y la Justicia” y advirtió que, en algunos lugares “no hay organizaciones o grupos que cumplan esta función” y defendió así la conformación de la Red.

Rallo también apuntó a la formación en las distintas universidades que no contemplan este tipo de abordajes comunitarios y aseguró que “desde los centros de producción de conocimiento se refuerza esa falta diálogo con las comunidades”.

Y remarcó que hay una “distancia” entre las casas de altos estudios y los barrios y que “a veces el conocimiento que uno recibe no responde a las necesidades de la gente en la calle, responde a las necesidades de una casta o un grupo que está apropiado del sistema jurídico”.

“Y ahí es donde hay que dar una vuelta de rosca, tiene que haber una transferencia y diálogo con la comunidad”, aseguró Rallo y precisó que la organización a la que pertenece trabaja en un territorio urbano “empobrecido, por lo que las principales problemáticas tienen que ver con la seguridad social, las cuotas de alimentos impagas y no cómo desarrollar una sociedad anónima o presentar una quiebra o realizar una sucesión”.

Por ultimo, el letrado precisó que el principal desafío de la Red, será poder plasmar las distintas realidades para poder avanzar “y entender la multiculturalidad con la que se trabaja” y dar una respuesta que respete estos aspectos, asimismo convocó a quienes quieran formar parte a inscribirse a través del mail red@abogaciacomunitaria.org

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