Organizaciones de la sociedad civil solicitan la designación urgente de un Defensor o Defensora del pueblo

Tras 11 años de acefalía en la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil reclaman la designación urgente de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo.

Un grupo  de organizaciones de la sociedad civil solicitaron en sede judicial y ante las autoridades del Congreso de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros que se inicie un procedimiento participativo, abierto y transparente para la designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

Este organismo tiene un rol fundamental, asignado por la Constitución Nacional, en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. Hace 11 años que la institución no cuenta con su máxima autoridad, lo cual tiene consecuencias directas en el cumplimiento de sus funciones.

La pandemia  profundizó las desigualdades preexistentes en Argentina, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, integrantes del colectivo LGBTIQ+, entre otras. Son estos grupos quienes tienen un mayor riesgo de sufrir los impactos que tiene y tendrá la pandemia en el mediano y largo plazo. Los efectos de la actual crisis -tanto sanitaria como socioeconómica- demandan que instituciones como la Defensoría intervengan y actúen ante la vulneración colectiva de sus derechos.

El rol que debe ejercer la Defensoría del Pueblo exige que su titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos. Por ello, es necesario establecer un procedimiento que garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana para que la persona que resulte seleccionada sea la mejor candidata posible.

Al respecto, los “Principios de París” sostienen que el nombramiento de las y los integrantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (como lo es la Defensoría del Pueblo en Argentina), “deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos”. 

Por todo esto, organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo pedido de ejecución de la sentencia en la causa “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986(1774/2015)” y enviaron una carta a las presidencias de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros solicitando que instrumenten las medidas necesarias para iniciar un procedimiento abierto, participativo y transparente con el objetivo de designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo en el Congreso de la Nación. 

Accedé al escrito judicial que presentamos en la causa y a las notas que enviamos a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Santiago Cafiero. 

ADHESIONES: 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Directorio Legislativo

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación Sur Argentina

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Poder Ciudadano