Los números de la desinversión educativa en la Nación y la Ciudad de Buenos Aires

El conflicto por la educación pública de la CABA dispara un montón de preguntas. ¿Son razonables los reclamos sobre las viandas, las condiciones edilicias y las pasantías? ¿Sirven las prácticas laborales? ¿Cuáles y para qué? ¿Es aceptable la toma de escuelas como método de protesta para ejercer el derecho de peticionar a las autoridades? ¿Hubo reclamos previos no atendidos? ¿Son democráticos los mecanismos de decisión de los centros de estudiantes?

En cuanto al Gobierno, ¿el Ministerio de Educación porteño escucha? ¿Dialoga? ¿Está haciendo algo con las cuestiones de fondo? ¿Es admisible que responda a las tomas con acciones penales y reclamos económicos a las familias? ¿Y que mande a la policía a notificar de noche? ¿Es un simple acto procesal inofensivo o un amedrentamiento?

Nada de esto es fácil de resolver. Puede haber algunas respuestas generales, en abstracto, desde las particulares concepciones que cada cual tenga sobre los derechos, la democracia, las asimetrías de poder o las funciones del derecho penal. Yo creo, por ejemplo, que la educación pública debería estar entre las dos o tres principales preocupaciones de cualquier gobierno nacional, provincial o local de este país, que tomar escuelas debe ser una medida excepcional (solo razonable cuando se agotan otras instancias de diálogo o protesta) y que debe garantizarse la democracia interna en los centros de estudiantes. Y, a la vez, no puedo pensar en absolutamente ninguna, ninguna circunstancia que justifique que el Estado responda a una protesta estudiantil con sanciones penales y policías visitando domicilios en mitad de la noche.

Pero la discusión alrededor de todo esto parece, hoy, infructuosa. Y no porque sea imposible llegar a acuerdos con quienes tienen otras miradas sobre los derechos, la democracia o el sistema penal. El problema es, en cambio, que, en estos tiempos de grieta y desinformación, en algún momento la conversación indefectiblemente se empantana.

O desestiman la protesta por la pertenencia partidaria de las y los estudiantes (“eh, ¿por qué no van a protestar por las viandas de La Matanza, kirchneristas?”) o anulan preguntas genuinas sobre, por ejemplo, la pertinencia de las pasantías (“eh, a ver si en las escuelas privadas a los chetos también los hacen trabajar gratis”). Y, entre tanto, no logramos saber con claridad qué pasó antes de la toma, si las viandas son necesarias, suficientes o de calidad, qué pasa en otras jurisdicciones, qué medidas se tomaron o no sobre la infraestructura escolar, qué utilidad tienen las pasantías, cómo son las de otras escuelas, etc.

Así que, en lugar de girar en falso alrededor de las preguntas normativas sobre lo que está bien y lo que está mal, veamos algunos números sobre la desinversión educativa de la Ciudad (y de la Nación). Los datos surgen de informes recientes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La desinversión en CABA (datos a junio de 2022):

– Entre 2016 y 2022, el presupuesto del Ministerio de Educación porteño disminuyó un 19,5% en valores reales: 211 mil millones a 169 mil millones de pesos en montos ajustados por inflación.

– Más de 3800 niñas y niños de nivel inicial no tienen vacantes en la Ciudad.

– El Gobierno acordó construir escuelas para cubrir esas vacantes luego de una acción judicial que inició ACIJ, pero el presupuesto de infraestructura escolar disminuyó en más de un 57% entre 2018 y 2022 y no proyecta ninguna obra para el nivel inicial.

– El presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, que se encarga de las políticas de inclusión escolar y de mejorar la calidad de la educación, cayó un 24% desde 2017.

– En los últimos 5 años, el presupuesto del programa de becas estudiantiles que deben sostener la escolaridad de las personas más vulnerabilizadas se redujo un 30%.

La desinversión en Nación (datos a agosto de 2022):

– En agosto, la Jefatura de Gabinete reasignó partidas presupuestarias que implicaron una disminución de 100 mil millones de pesos en programas cruciales en materia educativa y habitacional.

– El programa “Conectar Igualdad” tuvo un recorte de 35 mil millones de pesos: pasó de poco más de 90 mil millones a 55 mil millones, lo que equivale a una disminución del 38,3%.

– Esto implica que este año al menos 840.000 niñas y niños no recibirán las computadoras que el Estado se había comprometido a entregarles.

– En 2021, el Ministerio de Educación se había propuesto entregar 633.000 computadoras, pero solo repartió 55.419 (un 8,75% de lo planificado).

– Para compensarlo, este año debe entregar 1,5 millones, pero a marzo solo había distribuido 6.017.

– El programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes” tuvo un recorte de 15 mil millones de pesos que se sumaron a otros 1.6 mil millones que la Jefatura de Gabinete le había sacado en junio, lo que en total equivale a una reducción del 36% de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa de nivel inicial en todo el país.

– Por las sostenidas disminuciones y subejecuciones, en los últimos 5 años solo se hicieron 927 aulas de las 7.343 proyectadas para jardines de infantes (un 12,6%).

– También le sacaron 5 mil millones (el 18% de los recursos vigentes) al programa de “Infraestructura Escolar y Equipamiento”, que se ocupa de las obras para los demás niveles educativos.

– De las 4.715 aulas proyectadas para construirse en los últimos 5 años en estos otros niveles, solamente se construyeron 715 (un 15,2%).

En la cancha se ven los pingos. Así que ahí están, estos son, los números reales de la preocupación que tienen la Nación y la CABA por la educación pública. Vos fíjate después si te gustan o no las viandas, si justificás o no la toma de escuelas y si te pasa o no frío por la espalda cuando escuchás que la policía visitó de noche las casas de adolescentes por una protesta estudiantil.