NOVEDADES15.12.05
ACIJ / NOVEDADESLanzan una campaña para frenar cambios en la Magistratura (La Nación)
15/12/05
El rechazo al proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Buenos Aires) para reducir el Consejo de la Magistratura logró reunir a las más importantes agrupaciones de abogados del país, que lanzaron ayer una campaña con el objetivo de frenar lo que consideran un “peligroso” avance del poder político sobre la Justicia.
De la iniciativa, que consistirá en la recolección de firmas y en la elaboración de un dictamen de inconstitucionalidad del cuestionado proyecto, participan el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
El lanzamiento de la campaña fue anunciado en una conferencia de prensa de la que también participaron representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.
“El proyecto de ley que se está debatiendo atenta contra las instituciones de la República, contra la independencia del Poder Judicial y contra el Estado de Derecho, que queremos preservar”, dijo el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez. “En este tema vamos a ser un ejército en defensa de los principios republicanos”, afirmó Guillermo Lipera, secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la reforma constitucional de 1994, que se encarga de la administración del Poder Judicial y de los procesos de selección y remoción de los jueces, entre otras cosas.
La iniciativa que el PJ intentará aprobar en el Senado la semana que viene establece que los integrantes del cuerpo pasen de veinte a trece, reduciendo la representación de todos los estamentos salvo la del oficialismo, que se mantendría en siete. De esa manera, se dejaría en manos del poder político de turno la posibilidad de bloquear la designación o remoción de cualquier magistrado.
“La aprobación del proyecto que impulsa el Gobierno significaría una peligrosa tentación de dictadura. Los magistrados van a pasar a ser rehenes de una mayoría totalmente circunstancial”, alertó el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Horacio Acevedo.
Después de la conferencia de prensa, los abogados precisaron que la recolección de firmas comenzará la semana próxima. Se colocarán seis mesas en algunos de los sitios más transitados del centro porteño, como el Congreso y el Palacio de Tribunales, y se iniciará una cadena de correos electrónicos para sumar por esa vía rechazos a la iniciativa.
“La intención es hacer participar con sus firmas a juristas, magistrados, diputados, senadores, abogados y hombres del ámbito de la cultura”, dice el comunicado del Colegio Público.
Para la elaboración del dictamen que apuntará a la validez jurídica del proyecto, en tanto, se están realizando consultas con juristas de renombre. Aunque ese planteo será presentado ante la Justicia, los abogados admitieron a LA NACION que en rigor se trata de una acción “de carácter declarativo”.
El rechazo de las organizaciones del mundo judicial al proyecto oficial viene creciendo desde hace dos semanas, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la primera dama, Cristina Kirchner, aprobó un dictamen favorable.
Si bien la iniciativa no fue tratada ayer en el Senado, tal como estaba previsto, el bloque del PJ mostró que sigue firme en su voluntad de convertir el proyecto en ley: la Comisión de Asuntos Constitucionales revalidó anteayer el dictamen que había caído por el recambio de un tercio de los integrantes de la Cámara alta. Además, el presidente de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, anticipó que la iniciativa será tratada en la sesión del miércoles próximo. “Resulta innecesario reabrir el debate”, sostuvo.
A las críticas de los principales partidos de la oposición se sumó ayer la de la flamante senadora por la provincia de Buenos Aires, Hilda Duhalde. “Estoy sintiendo que es un retroceso en esta democracia donde se ha avanzando muy bien en temas como el de la Corte Suprema, porque se corre el peligro de romper el equilibrio en la composición del Consejo”, dijo, minutos después de jurar como senadora. Al mismo tiempo, en las puertas del Congreso, militantes de la Fundación Poder Ciudadano desplegaban una bandera para condenar la iniciativa oficial (de lo que se informa por separado).
Reunión histórica
Si bien eran sabidas las críticas de las organizaciones de abogados contra la iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura, la conferencia de prensa de ayer pareció mostrar un endurecimiento de la postura de los letrados, que cerraron filas con varias organizaciones no gubernamentales (ONG): Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otro dato distintivo del encuentro fue la coincidencia de las principales agrupaciones de abogados de la Capital, históricamente enfrentadas. “Esta reforma logró el milagro de que nos unamos”, dijo Lipera, tras la conferencia.
El representante de la institución que dirige Roberto Durrieu no dudó en afirmar que el proyecto del oficialismo apunta a “tomar a la Justicia como uno más de los trofeos de guerra de la política”.
El presidente de la Federación de Magistrados, Miguel Angel Caminos, sostuvo que “la independencia del Poder Judicial no es un beneficio de los jueces, sino uno de los valores más esenciales de la vida democrática de un país”.
En el mismo sentido, Carlos Andreucci, presidente de la FACA, afirmó que “está en juego la garantía de Justicia, que la reforma constitucional de 1994 intentó mejorar”.
Por Gabriel Sued
De la iniciativa, que consistirá en la recolección de firmas y en la elaboración de un dictamen de inconstitucionalidad del cuestionado proyecto, participan el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
El lanzamiento de la campaña fue anunciado en una conferencia de prensa de la que también participaron representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.
“El proyecto de ley que se está debatiendo atenta contra las instituciones de la República, contra la independencia del Poder Judicial y contra el Estado de Derecho, que queremos preservar”, dijo el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez. “En este tema vamos a ser un ejército en defensa de los principios republicanos”, afirmó Guillermo Lipera, secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la reforma constitucional de 1994, que se encarga de la administración del Poder Judicial y de los procesos de selección y remoción de los jueces, entre otras cosas.
La iniciativa que el PJ intentará aprobar en el Senado la semana que viene establece que los integrantes del cuerpo pasen de veinte a trece, reduciendo la representación de todos los estamentos salvo la del oficialismo, que se mantendría en siete. De esa manera, se dejaría en manos del poder político de turno la posibilidad de bloquear la designación o remoción de cualquier magistrado.
“La aprobación del proyecto que impulsa el Gobierno significaría una peligrosa tentación de dictadura. Los magistrados van a pasar a ser rehenes de una mayoría totalmente circunstancial”, alertó el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Horacio Acevedo.
Después de la conferencia de prensa, los abogados precisaron que la recolección de firmas comenzará la semana próxima. Se colocarán seis mesas en algunos de los sitios más transitados del centro porteño, como el Congreso y el Palacio de Tribunales, y se iniciará una cadena de correos electrónicos para sumar por esa vía rechazos a la iniciativa.
“La intención es hacer participar con sus firmas a juristas, magistrados, diputados, senadores, abogados y hombres del ámbito de la cultura”, dice el comunicado del Colegio Público.
Para la elaboración del dictamen que apuntará a la validez jurídica del proyecto, en tanto, se están realizando consultas con juristas de renombre. Aunque ese planteo será presentado ante la Justicia, los abogados admitieron a LA NACION que en rigor se trata de una acción “de carácter declarativo”.
El rechazo de las organizaciones del mundo judicial al proyecto oficial viene creciendo desde hace dos semanas, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la primera dama, Cristina Kirchner, aprobó un dictamen favorable.
Si bien la iniciativa no fue tratada ayer en el Senado, tal como estaba previsto, el bloque del PJ mostró que sigue firme en su voluntad de convertir el proyecto en ley: la Comisión de Asuntos Constitucionales revalidó anteayer el dictamen que había caído por el recambio de un tercio de los integrantes de la Cámara alta. Además, el presidente de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, anticipó que la iniciativa será tratada en la sesión del miércoles próximo. “Resulta innecesario reabrir el debate”, sostuvo.
A las críticas de los principales partidos de la oposición se sumó ayer la de la flamante senadora por la provincia de Buenos Aires, Hilda Duhalde. “Estoy sintiendo que es un retroceso en esta democracia donde se ha avanzando muy bien en temas como el de la Corte Suprema, porque se corre el peligro de romper el equilibrio en la composición del Consejo”, dijo, minutos después de jurar como senadora. Al mismo tiempo, en las puertas del Congreso, militantes de la Fundación Poder Ciudadano desplegaban una bandera para condenar la iniciativa oficial (de lo que se informa por separado).
Reunión histórica
Si bien eran sabidas las críticas de las organizaciones de abogados contra la iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura, la conferencia de prensa de ayer pareció mostrar un endurecimiento de la postura de los letrados, que cerraron filas con varias organizaciones no gubernamentales (ONG): Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otro dato distintivo del encuentro fue la coincidencia de las principales agrupaciones de abogados de la Capital, históricamente enfrentadas. “Esta reforma logró el milagro de que nos unamos”, dijo Lipera, tras la conferencia.
El representante de la institución que dirige Roberto Durrieu no dudó en afirmar que el proyecto del oficialismo apunta a “tomar a la Justicia como uno más de los trofeos de guerra de la política”.
El presidente de la Federación de Magistrados, Miguel Angel Caminos, sostuvo que “la independencia del Poder Judicial no es un beneficio de los jueces, sino uno de los valores más esenciales de la vida democrática de un país”.
En el mismo sentido, Carlos Andreucci, presidente de la FACA, afirmó que “está en juego la garantía de Justicia, que la reforma constitucional de 1994 intentó mejorar”.
Por Gabriel Sued