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La reforma del Código Civil y los derechos de las personas con discapacidad

ACIJ, junto a distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, participó de un encuentro en Rosario donde se debatió la reforma del código civil y sus implicancias en cuanto a los derechos de personas con discapacidad.

Compartimos un comunicado con las conclusiones de los participantes.    

LA ACTUAL REFORMA DEL CODIGO CIVIL VIOLA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Diversas organizaciones de la sociedad civil en conjunto con instituciones académicas, referentes de distintas localidades del país, se reunieron en la ciudad de Rosario para debatir herramientas para la vida autónoma y las cuestiones relacionadas a la capacidad jurídica en el contexto de la actual reforma del Código Civil.

 En el marco del 4° encuentro del Proyecto “Autonomía personal de las personas con discapacidad: avanzando hacia la autonomía como instrumento para una participación social efectiva”, desarrollado los días 31 de agosto y 1° de septiembre en la Ciudad de Rosario, diversas asociaciones de y para personas con discapacidad, organizaciones defensoras de los derechos humanos e instituciones académicas participantes se reunieron con la finalidad de continuar el debate acerca de los dispositivos de apoyo que requieren las personas con discapacidad para lograr una inclusión plena en la sociedad, a la luz de las obligaciones que el Estado Argentino asumió al aprobar la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, por ley 26.378.

 En este contexto de construcción colectiva surgió la necesidad de discutir sobre el proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, que se encuentra actualmente en debate en el Congreso Nacional, acerca de los derechos de las personas con discapacidad. En particular, con relación a la capacidad jurídica (esto es el derecho a tomar sus propias decisiones por sí mismo, sin necesidad de un representante legal) y el consentimiento informado, resulta particularmente preocupante que el texto del proyecto en tratamiento viola el mencionado tratado internacional, convirtiéndolo en este aspecto en inconstitucional.

 La Convención establece la obligación del Estado de remover las barreras sociales que impiden a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica mediante sistemas de apoyos necesarios. Contrario a este estándar, la iniciativa en debate legislativo mantiene la declaración de incapacitación total, sustituyendo la voluntad de la persona por la de un curador.

 Es por esta razón que para garantizar el goce de los derechos humanos de este colectivo es fundamental que se profundice el debate y se adopten las medidas necesarias para asegurar que las personas con discapacidad y/o sus organizaciones representativas puedan ser escuchadas. Recuperar las voces de las personas con discapacidad es esencial para evitar que se continúe legislando con medidas restrictivas que perpetúan prácticas anulatorias de su voluntad.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

REDI (Red por los derechos de las personas con discapacidad), RED IAS, FENDIM, RED FUV (Red de Usuarios Familiares Voluntarios por los Derechos en Salud Mental), Cooperativa Empresa Social de Salud Mental El Bolsón (Río Negro), Proyecto extensión Universidad Nacional del Litoral “Hacia la autonomía de las personas con discapacidad”, Movimiento Superacción, Asociación Civil Mirame Bien, Asociación civil Tramas, Facultad de Psicología Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de Entre Ríos programa “La producción social de la discapacidad”, Cátedra Abierta Salud Mental e inclusión social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad  Nacional de Entre Ríos, Movimiento Nacional de jóvenes militantes por la ley de salud mental 26657, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Asociación Equal para la promoción y protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, Fundación INCLUIR, Fundación Caminos,  María Cecilia Ruhl abogada, Iris Perez docente.