31.08.20 // Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (novedades)

La emergencia sanitaria necesita de un control en tiempo real del uso de los recursos públicos

Observamos con preocupación, tanto a nivel Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos, la falta de controles concomitantes sobre la forma en la que los Poderes Ejecutivos están usando las facultades extraordinarias, en particular para realizar compras y contrataciones.

La pandemia de COVID-19 generó que la mayoría de los distritos de nuestro país decidiesen aprobar leyes de emergencia en las cuales se faculta a los respectivos Poderes Ejecutivos a disponer de una mayor cantidad de recursos públicos sin la autorización de los Poderes Legislativos. A la vez, en la mayoría de los casos se autorizaron compras directas u otras modalidades de adquisición de bienes y servicios más flexibles y caracterizadas por una menor cantidad de requisitos e instancias de control.

En el caso de la Nación, por ejemplo, los decretos 260/2020 y 287/2020 dispusieron la ampliación de la Ley de Emergencia dictada en diciembre de 2019 a la situación sanitaria producida por el COVID-19 y facultaron de forma amplia a diferentes oficinas del Poder Ejecutivo a realizar compras directas. De manera similar, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 6301, que otorgó facultades presupuestarias extraordinarias al Poder Ejecutivo local y le habilitó mayores poderes para disponer de procesos de compras de manera directa. Situaciones muy parecidas se pueden observar también en distritos como la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Salta.

Desde la delegación de estas facultades se han observado numerosas denuncias de irregularidades en casi todos los distritos, o por lo menos faltantes de información pública y datos certeros sobre el universo completo de compras o gastos realizados para enfrentar la pandemia.

Por estas circunstancias, el rol de los organismos de control -particularmente los de carácter externo- se vuelve trascendental para prevenir y detectar usos inadecuados de los recursos públicos. El diseño de las instituciones de control interno y externo en nuestro país adolece de numerosas limitaciones, entre las que se encuentra la imposibilidad de realizar controles concomitantes. En este contexto urge derribar estas limitaciones y revisar este funcionamiento del sistema de control, que ha demostrado muchos problemas ya en tiempos de normalidad y que en un contexto como el actual profundiza sus deficiencias.

La reciente decisión de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de rechazar que durante 2020 se realice el control de los gastos nacionales realizados producto de la pandemia y en uso de las facultades extraordinarias va en el sentido opuesto. Por este motivo, ambas instituciones deberían garantizar al menos que estas auditorías sean realizadas desde comienzos del año 2021, algo que ACIJ ya había solicitado en la instancia de Planificación Participativa de la AGN en marzo de este año.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires la oportunidad de realizar un control concomitante del uso de los recursos fue una posibilidad contemplada explícitamente en la Ley de Emergencia 6301, algo que hasta la fecha no fue autorizado. Como consecuencia, le enviamos una nota a las y los legisladores de la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria de la Legislatura para que encomienden a la Auditoría General de la Ciudad el control en tiempo real de los gastos ya hechos producto de la pandemia y que se seguirán haciendo en los próximos meses (accedé a la nota aquí).

Así como la excepcionalidad de la pandemia ha derivado en el otorgamiento de facultades extraordinarias a los Poderes Ejecutivos, igual de extraordinarias deben ser las medidas de control y sobre todo el rol otorgado a las instituciones encargadas y especializadas en esta tarea. Los organismos de control externo, en su mayoría a cargo de los respectivos partidos de la oposición, deben contar con la posibilidad y los recursos para llevar a cabo un control en tiempo real que asegure la prevención de irregularidades y proteja la integridad de los recursos de todas y todos.

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