Tras su visita a la Argentina, la experta independiente sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que destaca el impacto negativo del endeudamiento sobre los derechos humanos.
La experta independiente de Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, visitó nuestro país entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. Tras su recorrida, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que destacó los efectos negativos que han tenido en el acceso a derechos los distintos períodos de endeudamiento en la historia argentina. Tal como señalaron reiteradamente organizaciones sociales y políticas, Waris señaló que el acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional fracasó en conseguir sus objetivos económicos y recomendó que se investiguen las irregularidades que existieron en la firma de ese acuerdo.
En el mismo sentido, la experta reiteró la recomendación hecha por otros organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de que alcanzar las metas de déficit fiscal no debe implicar una regresión en la garantía de los derechos humanos. Para lograr esto es fundamental avanzar en la reforma del sistema tributario para volverlo más progresivo, es decir, para que paguen más quienes más riqueza concentran, y revisar los distintos beneficios fiscales. Hizo especial énfasis en la necesidad de asegurar que esos beneficios estén sujetos a evaluaciones de impacto social y ambiental y a revisiones periódicas que promuevan su adecuada rendición de cuentas.
Teniendo en cuenta que entre las reformas sugeridas por el FMI en el último acuerdo de facilidades extendidas se encuentran incentivos a las actividades extractivas para generar las divisas que permitan el pago de la deuda, la Experta expresó su preocupación dado que estas son las actividades de mayor impacto socio ambiental. Por esta razón recomendó considerar sus efectos sobre los territorios y las comunidades vulnerables y su impacto en el derecho a un ambiente sano.
En ese sentido, la relatora planteó que es sumamente necesario reorientar los subsidios energéticos hacia un modelo de energías renovables desconcentrado, descentralizado y resiliente. Al mismo tiempo, sostuvo que resulta urgente promover y apoyar políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática, y asignar los recursos necesarios para la transformación del modelo productivo hacia uno con menores emisiones de carbono, consistente con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
En su informe, la Experta Independiente también interpela al FMI respecto de su obligación de actuar en el marco del derecho internacional de derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, realizar evaluaciones sobre el impacto que sus recomendaciones de políticas tienen en el acceso a derechos. En particular, cuestionó la política de sobre tasas del organismo, es decir, la decisión de cobrar una mayor tasa de interés a los países que hayan tomado prestado más fondos de los que le corresponden de acuerdo a su porcentaje de participación en el organismo. Esta política ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por su carácter regresivo, que atenta contra la obligación de los estados de utilizar el máximo de los recursos disponibles para la realización de los derechos. Acompañamos la recomendación de la relatora al FMI para la eliminación definitiva de la política de sobrecargos.
En el contexto de la nueva renegociación de las metas del acuerdo firmado entre el gobierno Argentino y el FMI reiteramos la obligación que tienen ambas partes de evaluar el efecto que las medidas tendrán en el acceso a derechos. Además, si bien una de las razones que llevó al ajuste de las metas del programa pactado con el FMI fue la preocupación por la sequía y las altas temperaturas, el Fondo se limita a ajustar las metas de acumulación de reservas sin ninguna mención a la problemática ambiental. En este contexto nos preocupa que la rigidez de las metas de déficit fiscal, profundice la tendencia a recortar partidas presupuestarias fundamentales para garantizar derechos.
Podés descargar el informe completo acá.
Organizaciones firmantes
Amnistía Internacional
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)