En el marco de las tomas de escuelas y los paros docentes por aumentos de salarios y condiciones edilicias, la partida extraordinaria, el gobierno porteño quiere incorporar un partida complementaria cercana a los 1000 millones de pesos. Esta sólo destina 18 millones para becas y 29 para la unidad de intevencion social pero la friolera de 250 millones para “recolección de residuos” actividad que se encuentra bajo la orbita de empresas privatizadas. Un análisis del presupuesto y su evolución confirman la orientación general del gobierno de la ciudad en el sentido de promover la tercerización y privatización de servicios. Subsidios a la educación privada, desmantelamiento de los entes de mantenimiento, mercantilización de la cultura y hasta venta directa de terrenos de propiedad pública caracterizan a un modelo de ciudad con fines de lucro.
EDUCACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA. Es uno de los ejemplos de la forma en la que lo público pierde terreno en la ciudad. El 23,68% sobre el gasto total que recibía la educación pública en 2007 disminuyó al 22,14% en el último año, mientras que la privada creció del 14,93% al 18,45%. El vaciamiento presupuestario de la pública y su degradación son factores que promueven el desarrollo de la privada. Un informe elaborado por el legislador Francisco “Tito” Nenna, evidencia el crecimiento de las transferencias al sector de escuelas de gestión privada. En el año 2007, las escuelas privadas recibieron subsidios por $ 604 millones, mientras que en 2008, primer año del PRO al frente del gobierno, se incrementó hasta alcanzar $ 802 millones. Gran parte de las instituciones beneficiadas por estos subsidios albergan a estudiantes cuyas familias tienen un alto poder adquisitivo. Algunos de los aranceles registrados alcanzan los $ 1600 mensuales, prohibitivos para las de menores recursos. La Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denuncia que el gobierno de la ciudad no da explicaciones sobre el criterio a partir del cual se reparten los recursos públicos entre las escuelas de gestión privada. Al analizar los aportes, conlcuye que aproximadamente el 50% del total otorgado por el Estado corresponde a escuelas con subsidios del 100%, es decir, que sólo la mitad de los cuantiosos recursos estatales destinados entre las escuelas privadas se dirige a las que cobran las cuotas más bajas. La ACIJ concluye que la política de subsidios a establecimientos educativos de gestión privada es poco transparente, inequitativa, y no cumple en modo alguno con los criterios establecidos en la Ley de Educación Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que suponen que los aportes deben basarse en criterios objetivos de justicia social. El diputado Nenna apunta que el sector de Proyectos, que tiene la responsabilidad de preparar los nuevos planes, el cómputo y presupuesto y los pliegos de licitación de la Dirección General de Infraestructura Escolar, en los últimos dos años redujo sus recursos humanos en más del 60%. Esto, advierte, anticipa una posible tercerización de sus funciones. Desde Diálogo por Buenos Aires, se apunta que el presupuesto de infraestructura escolar al final del primer semestre del año era de $ 443.583.202,pero que se ejecutaron $ 32.746.250, sólo el 7,38%.
RESIDUOS. Un informe realizado por el asesor del bloque Diálogo por Buenos Aires, Fernando Renzi, muestra que entre 2007 y 2010 se gastaron más recursos en basura que en los ocho años anteriores. Mientras que entre 2000-2007 se destinaron $ 2.636.735.154 durante los ultimos dos años y medio la cifra alcanza los $ 2.875.444.740. Estos números están compuestos por los gastos que suponen el Ente de Higiene Urbana, a cargo los Servicios Públicos que trabajan en la Zona V, la zona sur, y la Dirección General de Limpieza, que se encarga de la relación con empresas a cargo del resto. El sesgo privatizador se evidencia en el hecho de que, mientras que en 2007 el servicio privado de recolección de residuos insumía nueve veces y media lo que costaba el servicio público, al cierre de 2010, si se toma todo el costo de la Dirección General de Limpieza, la relación será de 15 a uno, $ 1500 millones contra $ 100 millones, o de 12,5 veces si se limita el análisis al costo del contrato de recolección, que terminará en una cifra cercana a los $ 1250 millones. Esta diferencia aumenta la curiosidad cuando se observan las llamadas “metas físicas”. El servicio privado, que cuesta 15 veces más, sólo limpia 3,5 veces más calles que el público. El Ente de Higiene Urbana tiene un costo de casi $ 100 millones por 6270 cuadras y la Dirección General de Limpieza supera los $ 1100 millones por 20.985 cuadras, lo que hecha por tierra todo el andamiaje argumentativo sobre una virtual “eficicencia” de lo privado frente a lo público. “Los dos primeros años de la política de residuos de Macri fueron desastrozos. Ante el fracaso del pliego en 2008, que era francamente retrógrado y que no coincidía con el paradigma de la Ley Basura Cero, se tuvieron que hacer postergaciones del contrato que generaron mucho más gasto”, explica el ex Ministro de Medio Ambiente porteño, hoy miembro del Partido Iniciativa Verde, Juan Manuel Velasco. Velasco agrega que si el Ente de Higiene Urbana da un servicio de menor calidad que el privado es porque no hay suficiente inversión en el sector público para que pueda funcionar y lograr que la zona V sea la “zona testigo” que imponga un estándar de calidad mínimo para las empresas.
FALTA DE CONTROL. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se suma al repudio a la política privatizadora al alertar sobre la crisis que vive la Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires desde principios de 2009. “Mauricio Macri aplicó un sistema de extinción de los controles en Contaduría, no queda un sólo sector en el que se incluya la palabra control”, afirma Gustavo Moreno de ATE. El proceso de desguace del sector, que el PRO denomina “desconcentración”, eliminó “los sistemas integrados de control, registro y monitoreo de la información y el gasto, que deberían generar una información eficaz, libre y ordenada”. En la actualidad se lleva el registro, se realizan pagos y se guardan documentos de manera descentralizada, con la consecuencia de que “en muchos casos existe un mismo poder económico y una misma red de proveedores y contratistas que, de distinta manera, presionan sobre el Estado y establecen relaciones particulares con los funcionarios”. ATE denuncia que la realización de bicisendas y la contratación de un sistema de liquidación de sueldos son dos casos que ejemplifican con números concretos los negocios privados que fueron realizados con fondos públicos y sin el control necesario. Cada cuadra de bicisenda le costó al Estado $ 100 mil, por lo que si se tiene en cuenta que se realizaron 40km, el gasto del negocio significó un excesivo pago de $ 40 millones. La empresa Meta 4 Austral SA, le vendió al gobierno de la ciudad un sistema computarizado para la liquidación de los sueldos de los trabajadores por $ 27 millones, y lleva facturados $ 6.220.000 por el mantenimiento del programa. “Esta empresa comenzó a trabajar en enero de 2010 y mostró una clara ineficiencia que agrava el hecho de que la liquidación todavía podría ser realizada eficientemente por los trabajadores de la ex Dirección General de Recursos Humanos”, se lamentan en ATE.