El proyecto de Italia y Argentina para recuperar lo robado por el crimen y volcarlo a la sociedad

La iniciativa “Bien Restituido” se dedica al desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil. “Se buscan resultados concretos y que la sociedad participe en este proceso”, contó el juez Sebastián Casanello.

Hay un acuerdo unánime en que para combatir eficazmente al crimen organizado hay que ir por su dinero. La pregunta que sigue es: ¿qué hacer con los bienes recuperados?

Un modo de acercarse a esa justicia penal distante de la percepción ciudadana es transparentando el destino de los bienes recuperados, sobre todo cuando se trata de bienes de la criminalidad organizada. Rige un consenso internacional en torno a que a este tipo de delitos sean enfrentados privándolos de sus bienes e ingresos, los cuales pueden simplemente ingresar a las arcas del Estado o ser devueltos a la sociedad a través del Estado, para que los dos cumplan un papel activo en su reutilización y de esa forma asegurar la participación ciudadana.

Aquí se destaca la relación entre Argentina e Italia, país vanguardista en la reutilización social de esos bienes y un buen ejemplo de cómo la Justicia puede trabajar mano a mano con la sociedad civil para reparar el daño causado por ese tipo de criminalidad, empoderar a los sectores más vulnerables y construir ciudadanía.

Inspirado en ese ejemplo exitoso un grupo de organizaciones de Italia y Argentina, compuesto por Libera, Multipolar, ACIJ y el Circolo Giuridico, con el apoyo de la Unión Europea y el acompañamiento aquí de la Embajada de Italia, comenzaron a trabajar en un proyecto llamado “Bien Restituido – para el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil”.

El objetivo de esta propuesta es impulsar una política pública -con amplio consenso- que aliente el decomiso de los bienes surgidos del delito y que su destino sea en parte la reutilización social. En Argentina ya existen experiencias en las que los bienes recuperados de actividades delictivas fueron destinados a fortalecer el trabajo de cooperativas y organizaciones sociales.

De esta manera representa una gran oportunidad de avanzar en un nuevo sistema de lucha contra el crimen organizado que ponga en el centro las necesidades de las personas y ofrezca una reparación efectiva a quienes más padecen sus consecuencias.

Sebastian Casanello es juez federal titular del juzgado federal 7 de CABA desde 2012 y es el referente jurídico de ese proyecto, donde aporta su mirada técnica (acerca de las herramientas normativas que existen y las que restan incorporar) y su experiencia como magistrado. En diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, brindó más detalles de la iniciativa.

“Lo que se busca son resultados concretos que a veces no se consigue por el distanciamiento de la persona con la justicia. Una organización italiana que lucha contra las mafias, no solo en críticas o quejas sino en el valor de una sociedad proactiva, busca que la sociedad reaccione frente a las mafias”, comenzó el magistrado.

“La organización Libera de Italia empezó a tener contactos con sociedades de la Argentina para replicar este sistema aquí en nuestro país. En simples palabras es recuperar lo robado por el crimen y devolverlo a la sociedad. La Argentina tiene una ley muy vieja, tiene ya 46 años. Si bien existen algunas normas que permitirían utilizar en Argentina los bienes, no existe una ley de política publica nacional”, agregó Casanello.

En ese sentido, sostuvo que “anteriormente se iba solo por el delincuente, ahora se va por sus ganancias ilícitas, este proyecto busca un poco más, que la sociedad también participe en el proceso”. “Se busca poner el foco en la parte económica y recuperar bienes”.

Actualmente, Casanello es subrogante del juzgado federal 12, donde lleva adelante importantes casos de corrupción y criminalidad organizada. Es docente de posgrado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Estudió en la UBA, donde se especializó en Administración de Justicia.

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