El patrimonio de los legisladores que aspiran a la Presidencia

Por Carolina Arteta

Segundo repaso tras la publicación de las declaraciones juradas: esta vez, de los legisladores nacionales. Declaraciones, bienes e inversiones de algunos diputados y senadores.

La Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer las declaraciones juradas de los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, que por primera vez pueden consultarse abiertamente por Internet. En el caso de los legisladores nacionales, se encuentran disponibles la mayoría de las declaraciones juradas correspondientes a 2013. Pero esto no siempre fue así.

En esta segunda entrega, ¿quiénes son los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado con mayor patrimonio, y en qué invierten? Además, ¿qué cambió con el nuevo régimen de las declaraciones juradas?

El anterior régimen previsto en la Ley 25.188 establecía que los senadores y diputados de la Nación, junto con determinados miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, debían presentar anualmente una declaración jurada patrimonial a distintos órganos de aplicación dentro de los 30 días hábiles desde la asunción del cargo. Estos organismos eran los encargados de dar el acceso a las personas que solicitaban las declaraciones.

A pesar de que la ley se encontraba vigente desde 2000, el cumplimiento por parte de los legisladores nacionales no siempre ocurría en debido tiempo y forma. La directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, Maria Barón, realiza desde hace 11 años un relevamiento y análisis de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios de los tres poderes del Estado, y destacó que el proceso para acceder a las declaraciones de los legisladores nacionales variaba mucho según quién presidía cada Cámara del Congreso.

“Para conseguir las declaraciones juradas del Poder Legislativo teníamos muchas estrategias, y siempre las conseguíamos pero en algunos casos hasta cuatro años después. Tuvimos que ir cambiando nuestro método de recolección: pedírsela a cada legislador individualmente o hacer un pedido general y esperar hasta un año la respuesta”, recordó Barón.

En mayo de 2013 se sancionó la Ley 26.857, impulsada por la Presidenta, que reformó el sistema anterior. El nuevo mecanismo utiliza información de las declaraciones tributarias que los funcionarios hayan presentado ante la AFIP y es el propio funcionario quien está encargado de completar otros campos específicos. Además, se especificó el carácter público de las declaraciones juradas: son de libre accesibilidad y pueden ser consultadas gratuitamente a través del portal de Internet de la Oficina Anticorrupción (OA).

Sin embargo, la reglamentación de la ley también restringió la información a publicar, ya que existen “datos personales y patrimoniales exentos de publicidad” de las personas obligadas a la presentación, su cónyuge, conviviente e hijos menores, que se incluyen en un anexo reservado. Actualmente, sólo se puede acceder a este anexo a través de una orden judicial en el marco de una investigación.

“Un crecimiento patrimonial desproporcionado en titularidad del cónyuge o de los hijos menores, que podría dar lugar a iniciar una investigación judicial, hoy no sería detectado”, aclaró a Chequeado Sebastián Pilo, coordinador del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha contra la Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Pilo explicó que, si bien el mecanismo actual prevé que ante la detección de un crecimiento patrimonial desproporcionado se inicien investigaciones judiciales, “no se van a poder generar las alertas para que eventualmente un juzgado o una fiscalía llegue a esta instancia, ya que ni siquiera la OA puede abrir los anexos sin orden de un juez”.

En este sentido, la accesibilidad a las declaraciones juradas aumentó, mientras que la calidad de la información disponible disminuyó. “El objetivo no es que solamente todos veamos cuáles son las declaraciones juradas, sino que se verifique si efectivamente hay una incompatibilidad o un crecimiento patrimonial injustificado. Por eso, acceder a las declaraciones es el medio, no el fin”, analizó Baron.

Según un informe de la ACIJ, el cumplimiento de la nueva norma con respecto a las declaraciones de 2012 fue muy bajo: a mayo de este año se encontraban publicadas las declaraciones juradas de 99 de 257 diputados, y de siete senadores de un total de 72. En parte, se debió a que varios funcionarios no presentaron sus formularios por demoras en la reglamentación de la ley, señaló la OA a la ACIJ.

En cambio, las declaraciones juradas correspondientes a 2013 en su mayoría se encuentran disponibles. El año pasado la ACIJ, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y el diario La Nación desarrollaron un sitio que incluye, además de las declaraciones juradas, información detallada que permite hacer un análisis de la evolución histórica patrimonial de los funcionarios públicos. El portal cuenta con 1.540 declaraciones juradas cargadas hasta la fecha.

La declaración jurada de la senadora del PRO y presidenta del bloque en el Senado, Gabriela Michetti, no se encuentra cargada en la página de la OA.

Por otro lado, los miembros que declararon participación en sociedades son:

– Elisa Carrió (FA-UNEN) tiene acciones por un terreno en la sociedad Club de Campo desde 2012 por $47.416. La diputada fue denunciada por el abogado Gustavo Ogni por supuesto enriquecimiento ilícito, pero la Justicia lo desestimó.

– Fernando “Pino” Solanas (FA-UNEN) participa de una empresa de actividades agrícolas (Palo Borracho S.A.) y en la productora CineSur S.A.

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