El apuro de fin de año del Congreso y el costo de la falta de debate (El Cronista)

Esta situación hace que la ciudadanía tenga dificultades para seguir las materias que son objeto de discusión o, peor aún, de aprobación sin discusión por falta de tiempo para hacerlo. Por citar un ejemplo muy claro de esa falencia, a principios de este año tuvimos noticia –por un descubrimiento periodístico—de que en la última sesión se había aprobado casi sin debate la modificación de las causas de prescripción de los expedientes penales. Después de la difusión de la noticia, tuvo en el seno de la opinión pública una amplia repercusión sobre la conveniencia de la medida, lo cual hubiera sido ampliamente positivo sino fuera porque tuvo lugar una vez probada la norma. Sin embargo, ese debate posterior incluso llevó al poder ejecutivo –impulsor del proyecto—a promover una reforma a la reciente ley.
También resulta habitual en estos últimos días del año apreciar la premura en poder aprobar el Presupuesto del próximo año. Sin embargo, tampoco en esta materia se han cumplido los trámites previos necesarios para una discusión acabada. En este sentido, la ley de Administración Pública (N° 25.152, sancionada en 1999) establece que después de remitido al Congreso el detalle de gastos del ejercicio anterior y antes de que se envíe el proyecto de Presupuesto del siguiente año, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía deberán concurrir a una reunión conjunta con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras del Congreso para presentar un informe sobre, entre otros rubros, la evaluación de cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior comparado con el presupuesto aprobado por el Congreso. Sin embargo, este paso previo no se cumple pues esta sesión no se efectúa. La situación de falta de control por parte del Poder Legislativo de los gastos administración pública se torna aún más grave al observar que el Congreso no ha aprobado o impugnado la cuenta de inversión (es decir, el detalle de la ejecución presupuestaria) desde 1993.
Leemos cotidianamente que las instituciones democráticas deben mejorar su funcionamiento pues sus falencias también son responsables por la situación de extrema precariedad en que se encuentran muchos de nuestros compatriotas. Hasta que estas deficiencias se solucionen, los ciudadanos debemos seguir exigiendo a nuestros representantes. Es el derecho de todos, pero también un deber de las personas que tomamos conocimiento de estas situaciones.

Por Ezequiel Nino, Co-Director Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Profesor de la Universidad de Palermo