Con el objetivo de exigirle al Poder Legislativo que cumpla con esta deuda, más de 40 organizaciones lanzamos la campaña “Defensor/a del pueblo ya”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Para su designación, ambas Cámaras deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de ⅔ partes de sus miembros. En más de 12 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo es una figura central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno. Tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones, publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones, y actuar en causas judiciales haciendo uso de su legitimación procesal con relación a:
– falta de respuesta a reclamos efectuados,
– condiciones de prestación de servicios públicos,
– insuficiencia de información,
– violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor,
– cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente,
-casos de incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado.
Uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión.
A 12 años sin Defensor/a del Pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
con la adhesión de 40 entidades.