Día Nacional del Chagas | En Argentina, cada año nacen más de 1300 niñas y niños con esta enfermedad

En el mundo se estima que hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas con el parásito que causa la enfermedad de Chagas y más de un millón y medio de ellas viven en Argentina, cifra que representa el 20% de la población con Chagas del planeta. En nuestro país, todos los días corren riesgo de infectarse 7 millones de personas. Son las niñas y niños quienes se encuentran en mayor riesgo de contraer la enfermedad, tanto por vía vectorial como por transmisión materna. 

A pesar de ser la principal endemia del país, de existir dos leyes nacionales, así como obligaciones internacionales reforzadas por tratarse de una enfermedad endémica desatendida, las falencias que presentan las políticas públicas destinadas a controlarla la convierten en una grave problemática de derechos humanos que afecta principalmente la vida, la integridad y la salud de las personas más pobres del país. La enfermedad de Chagas puede generar complicaciones en el sistema digestivo y en el sistema nervioso. Además, 300.000 personas presentan cardiopatías vinculadas a la enfermedad y, en nuestro país, la mortalidad por este motivo ronda los 1200 casos anuales.

Si bien en Argentina el estudio para detectar la enfermedad en personas embarazadas es obligatorio, no siempre se cumple. Por falta de seguimiento y ausencia de controles, un importante sector de la población con Chagas no se diagnostica ni recibe tratamiento oportuno: más de 1300 niñas y niños nacen con la infección y menos del 50% se diagnostican. De esta forma, se pierden oportunidades fundamentales para brindar tratamientos adecuados que posiblemente permitirían la cura. El Chagas puede no dar síntomas tempranos pero a largo plazo lo hace —muchas veces— con complicaciones cardíacas irreversibles. Por eso es tan importante el diagnóstico y el tratamiento en la infancia, etapa en la cual los resultados son más efectivos y pueden dar lugar a la cura. Además las niñas y niños tienen derecho a una vida libre de enfermedades.

Las diferentes agencias internacionales que promueven la salud y la Secretaría de Salud de la Nación coinciden en cuáles deben ser las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad: implementar políticas públicas centradas en la detección, garantizar el tratamiento temprano de la transmisión congénita, así como el control de la vinchuca para reducir la transmisión vectorial.

Los objetivos y las estrategias para controlar el Chagas han sido delineados hace ya tiempo, son claros y concretos. Para alcanzarlos se requiere la implementación de políticas públicas que incluyan la producción de estadísticas para un diseño adecuado; la vigilancia epidemiológica y el rociado químico en todas las zonas de riesgo; la realización de análisis serológicos a personas embarazadas y niñas/os; la atención oportuna y apropiada a la salud y a la vivienda de las personas afectadas; y el fortalecimiento de las actividades de capacitación de los equipos de salud provinciales, de autoridades y de otras áreas relacionadas con la temática. A su vez, el Estado debe promover la educación, la investigación científica y la difusión masiva sobre la infección por el parásito que causa la enfermedad, así como su prevención y control. 

El impacto de los recortes presupuestarios

Las falencias en la implementación de medidas tendientes a controlar la enfermedad se corresponden con la falta de recursos presupuestarios. Desde el año 2015, se observa una disminución gradual del presupuesto y subejecuciones de los fondos disponibles. La situación empeoró para el 2018 y se profundizó en 2019: las actividades del presupuesto aprobado muestran una disminución considerable en la cantidad de viviendas a rociar y de personas a quienes se les realizan estudios serológicos. Para 2019, se proyectó rociar solo 45 mil viviendas y realizar estudios a 480 mil personas. En los años anteriores, estas cifras alcanzaban a más del triple de viviendas y 710 mil personas. Las reducciones presupuestarias no reflejan la prioridad que la legislación acuerda a la prevención y el control del Chagas, ni parecen tomar en cuenta que 7 millones de personas en nuestro país están en riesgo de contraer la enfermedad.

En este sentido, en 2012 y 2018, la Auditoría General de Nación alertó sobre las constantes reducciones presupuestarias en actividades del Programa Nacional de Chagas, el incumplimiento de las metas planificadas y la ausencia de campañas de concientización y la pérdida de jerarquía de la oficina responsable del Programa.

En los últimos años tampoco se han  ejecutado todas las actividades programadas de rociado y vigilancia de viviendas (hay subejecuciones del 80% y el 95%), lo que agrava la situación, ya que se trata de una de las principales acciones para frenar el avance de la enfermedad en zonas endémicas, a pesar de que el Estado en el año 2016 se propuso alcanzar la interrupción de la transmisión vectorial en todas las provincias. Es evidente que las políticas no fueron  suficientes para cumplir la meta, ya que la interrupción se certificó en solo 9 de las 19 provincias consideradas endémicas. Al mismo tiempo, la certificación de interrupción de transmisión vectorial debe ser monitoreada  a través de una vigilancia instalada sostenida y constante. En Argentina, estos sistemas y los datos que producen son muy débiles. 

A todo lo anterior se suma la ausencia de una base de datos única y de registro de la información en las diferentes provincias sobre controles de personas gestantes y recién nacidas, lo que impide diagnósticos integrales y tratamiento precoz de los casos positivos.

Es esencial la asignación de recursos para cumplir con las obligaciones asumidas por Argentina en materia de derecho a la salud y controlar una enfermedad que, sin compromiso político, continuará siendo desatendida y una gravísima violación de los derechos humanos. 

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Chagas. Una problemática vigente, una deuda pendiente. La responsabilidad estatal en las enfermedades endémicas desatendidas. 

Informe de análisis presupuestario. enfermedades endémicas. El impacto regresivo del recorte en las políticas destinadas a enfermedades desatendidas