DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL: Poner fin a la institucionalización psiquiátrica es urgente

El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia, movilizar esfuerzos para transformar los servicios de atención asegurando el respeto derechos humanos y desterrar los prejuicios que todavía pesan sobre quienes los utilizan. 

En Argentina, la ley 26.657 sancionada hace ya más de una década, garantiza la protección del derecho a la salud mental y establece reformas estructurales en el modelo de atención de conformidad con los estándares internacionales en la materia. En este sentido, dispone que los abordajes deben basarse en la comunidad y ser accesibles, interdisciplinarios y respetuosos del consentimiento y los derechos de los usuarios y usuarias del sistema de salud. Uno de los puntos centrales que establece la norma es el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos, la prohibición de que cualquier persona sea encerrada en ellos y la externación de quienes todavía viven allí con los apoyos y servicios que requieran.   

A pesar de este cambio de paradigma plasmado en normativa de carácter obligatorio y de algunas experiencias locales que evidencian que esta transformación es posible, todavía miles de personas -incluyendo niños, niñas y adolescentes- continúan alojadas en los hospitales psiquiátricos públicos y privados de nuestro país, en lugar de vivir en libertad, junto a las demás. Quienes aún habitan estos lugares no sólo no reciben una atención adecuada y de calidad, sino que además ven vulnerados sus derechos más fundamentales, y hasta pueden enfrentarse a situaciones que ponen en riesgo sus vidas. 

La institucionalización constituye una privación de la libertad y una forma de violencia y discriminación. Así lo han señalado en reiteradas ocasiones distintos organismos de Naciones Unidas, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha entidad ha sido clara al afirmar que los hospitales psiquiátricos y todos aquellos servicios residenciales o dispositivos donde vive un grupo de personas, aun cuando sean pequeños, son violatorios del derecho a vivir de modo independiente y a la inclusión la comunidad si se rigen por lógicas propias de la institucionalización, tales como el sometimiento a una rutina impuesta, la imposibilidad de elegir cómo usar el tiempo, el abordaje asistencial, la presencia de personal médico, entre otros.

Para las personas que sobrevivieron al encierro psiquiátrico, salir del hospital es recuperar la ciudadanía, la autonomía, la dignidad y el control sobre la propia vida. Un grupo de mujeres usuarias del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida del Hospital Esteves (PREA) te lo cuentan acá. Sus palabras son suficientes para evidenciar que poner fin a la institucionalización y garantizar los recursos, servicios y apoyos necesarios para que las personas vivan en la comunidad es una cuestión de derechos humanos. Y que, como tal, no admite más demoras.