La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses expresaron su preocupación por las restricciones dispuestas en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, a raíz de las reglamentaciones adoptadas por los distintos poderes del Estado.
Ambas organizaciones consideraron un retroceso el contenido de la información disponible en las nuevas declaraciones juradas, al compararlas con las establecidas por la ley de ética pública. Además, advirtieron que la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de todos los poderes del Estado “es aún una promesa mayoritariamente incumplida”.
A un año de la entrada en vigencia de la ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, ambas entidades lamentaron que “ya no se pueden conocer los bienes e ingresos de los cónyuges o convivientes e hijos menores de edad”, información que quedó relegada a un formulario reservado. También se omitió incorporar la información de los empleos anteriores de los funcionarios, lo que resulta determinante a la hora de hallar incompatibilidades y posibles conflictos de interés respecto de los integrantes de los distintos poderes del Estado.
RETROCESO
Según la advertencia de la ACIJ, ya no se pueden conocer los bienes de los cónyuges e hijos de los funcionarios y los empleos anteriores, por lo que resulta más difícil encontrar incompatibilidades.